Es esto lo que se dice en el preámbulo del Decreto Foral respecto de las obligaciones formales de información que el mismo regula:

“La Directiva (UE) 2018/822 (LCEur 2018, 806) del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE (LCEur 2011, 346) por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información, establece la obligación de comunicación de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva. El presente Decreto Foral desarrolla, en este sentido, la modificación de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo (LPV 2005, 112, 308) , General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia operada por la Norma Foral 6/2020, de 15 de julio (LPV 2020, 535) , de transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información, de la Directiva (UE) 2016/1164 (LCEur 2016, 1031) del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior y de la Directiva (UE) 2017/1852 (LCEur 2017, 1720) del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea y de modificación de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre (LPV 2013, 346) , del Impuesto Sobre Sociedades, que ha introducido, en cumplimiento de la citada Directiva, la obligación de información de determinados mecanismos de planificación fiscal.

La Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, y consecuentemente la citada modificación de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, vino motivada por las dificultades a las que se enfrentan las Administraciones fiscales de los distintos Estados miembros para proteger sus bases imponibles, debido a la creciente complejidad que vienen presentando las estructuras de planificación fiscal utilizadas por los y las contribuyentes, que, aprovechando el incremento de la movilidad de personas y capitales dentro del mercado interior, pueden trasladar los beneficios imponibles a regímenes fiscales más favorables logrando reducir su factura fiscal global, con la consiguiente merma de los ingresos fiscales de los Estados miembros. En vista de esta realidad, se torna indispensable que las autoridades tributarias de los Estados miembros obtengan información completa y pertinente sobre los mecanismos fiscales potencialmente agresivos, con el fin de ser capaces de reaccionar con prontitud ante las prácticas fiscales nocivas y para facilitar la promulgación de aquella normativa que elimine las lagunas de las que pudiera adolecer la legislación fiscal.

En base a lo anterior, e inscribiéndose en el ámbito de la «asistencia mutua» tal y como se define en la Norma Foral General Tributaria, este Decreto Foral lleva a cabo el necesario desarrollo normativo relativo al cumplimiento de las obligaciones de información sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal recientemente establecidas introduciendo, para ello, las modificaciones necesarias en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia.

(……)”