Es esto lo que se dice en el preámbulo del Decreto Foral respecto de la materia que la norma regula:

“Por el presente Decreto Foral se modifica el Decreto Foral 111/2008, de 23 de diciembre, que regula la obligación de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros, así como sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

Este precepto establece, con fines de prevención del fraude fiscal, una obligación de información específica para las personas o entidades, en particular, las denominadas «plataformas colaborativas», que intermedien en la cesión del uso de viviendas con fines turísticos. Quedan excluidos de este concepto el arrendamiento o subarrendamiento de viviendas tal y como se definen en la Ley de Arrendamientos Urbanos y el derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles.

La razón principal de esta modificación son los pronunciamientos de la Sentencia número 1106/2020, del Tribunal Supremo, de 23 de julio de 2020 y la Sentencia número 381/2020, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 4 de diciembre de 2020, que han anulado y dejado sin efecto la reglamentación equivalente, en Territorio Común y en el Territorio Histórico de Bizkaia, a la que regula la presente obligación, reglamentación, cuyo contenido es sustancialmente idéntico al vigente en el Territorio Histórico de Álava.

La razón de la anulación ha sido el no haberse notificado las mismas, como «reglamento técnico» a la Comisión Europea, durante la tramitación de los citados proyectos reglamentarios, en cumplimiento de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información.

Entendemos que, a la vista de los citados pronunciamientos jurisprudenciales, a pesar de que el reglamento alavés que regula la citada obligación de información no ha sido impugnado en este aspecto, es necesario modificarlo al objeto de cumplir los citados trámites formales oportunos.

La presente normativa respeta el principio de proporcionalidad, y contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad que se pretende cubrir con esta disposición. No existen para el objetivo propuesto otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.

Esta iniciativa garantiza el principio de seguridad jurídica y es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, estatal y de la Unión Europea.

En la tramitación del presente Decreto Foral, se ha seguido el principio de transparencia regulado en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública.

Asimismo, se han observado los trámites previstos en el Decreto Foral 29/2017, de 23 de mayo, que aprueba el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, las guías para la elaboración de los informes de impacto normativo y de impacto de género y las directrices de técnica normativa y en el artículo 5.1 de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información.”