Es esto lo que se dice en el preámbulo del Decreto Foral respecto de la materia que la norma regula:

 

El presente decreto foral tiene por objeto modificar el Reglamento que desarrolla determinadas obligaciones tributarias formales, aprobado por el Decreto Foral 47/2013, de 17 de diciembre, con el propósito de establecer nuevamente la obligación de información para las personas y entidades que intermedien entre personas y entidades cedentes y cesionarias de viviendas para uso turístico situadas en territorio español, entendiéndose por tal la cesión temporal de uso de la totalidad o parte de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, cualquiera que sea el canal a través del cual se comercialice o promocione y realizada con finalidad gratuita u onerosa.

Anteriormente dicha obligación fue establecida por el Decreto Foral 3/2019, de 19 de febrero (LPV 2019, 58) , de modificación del Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales, pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en la sentencia 398/2020, de 11 de diciembre, anuló dicha disposición en lo que afecta al apartado tres del artículo único del referido Decreto Foral 3/2019; esto es, la adición de un artículo 72 ter en el Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales aprobado por el Decreto Foral 47/2013, de 17 de diciembre, en el que se establecía la obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas para uso turístico (edicto publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de 29/03/2021).

En el fundamento de derecho cuarto de la mencionada sentencia se alude al motivo de anulación expuesto en la sentencia del Tribunal Supremo 1106/2020, de 23 de julio (RJ 2020, 5154) , sobre el apartado 11 del artículo 1 del Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre (RCL 2017, 1562) , que incorporó el artículo 54 ter al Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio (RCL 2007, 1658) , por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Dicho motivo no es otro que el de la omisión procedimental, en su aprobación, de la obligación establecida en el artículo 5.1 de la Directiva (UE) 2015/1535 (LCEur 2015, 1360) , del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, que impone una obligación de información a la Comisión Europea en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información.

Dado que uno de los motivos fundamentales que impulsaron al establecimiento de la citada obligación, como es la prevención del fraude fiscal, persiste en el momento presente, resulta necesaria la aprobación de una nueva disposición que contenga y establezca dicha obligación, teniendo en cuenta el trámite omitido en el procedimiento anterior.”