En lo que atañe a la subvención de las cuotas del IBI, la EXPOSICIÓN DE MOTIVOS del Decreto-ley se expresa como sigue:

“(……)

III

En cuanto al ámbito de aplicación, las medidas establecidas en el presente Decreto ley están dirigidas específicamente al sector del alojamiento turístico de Canarias, que no fue incluido en el ámbito de aplicación del Decreto ley 2/2021, de 1 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-19. En el presente Decreto ley se regula la concesión directa de subvenciones dirigidas a cubrir el coste del Impuesto de Bienes Inmuebles que han tenido que afrontar las empresas de este sector mientras su actividad ha estado prácticamente paralizada por los efectos de la pandemia de la COVID-19 en la movilidad y el turismo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.8 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, «los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente».

El Impuesto de Bienes Inmuebles es un impuesto directo, encuadrado en el sistema tributario local, de exacción obligatoria por los ayuntamientos y de carácter real pues grava la titularidad dominical y otros derechos reales sobre bienes inmuebles localizados en el municipio y, por ello, susceptible de ser subvencionado.

Las subvenciones previstas en el Decreto ley se acogen al Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19, aprobado mediante Decisión de la Comisión Europea de 2 de abril (Decisión SA.56851 (2020/N)) al amparo del Marco Temporal Europeo y sus posteriores modificaciones.

De acuerdo con lo establecido en este régimen, las autoridades competentes podrán conceder ayudas temporales a empresas y personas autónomas que se enfrentan a una falta de liquidez u a otro tipo de perjuicios significativos a raíz del brote de COVID-19, y, en general, a cualquier empresa o persona autónoma cuyos resultados económicos se vean afectados como consecuencia del estado de alarma decretado a raíz de la COVID-19.

En cuanto al procedimiento de tramitación, se ha optado por el régimen de concesión directa y sin convocatoria, dado que las subvenciones se otorgan por la mera concurrencia en las empresas de los requisitos establecidos en el articulado para obtener la condición de beneficiarias, hasta que se agoten los recursos destinados a este fin. La concurrencia no competitiva es un mecanismo que permite que las solicitudes puedan ser atendidas por su orden de entrada, desde el momento de su presentación, sin que se comparen con otras solicitudes, arbitrando, de esta forma un procedimiento ágil, que permita la tramitación de un elevado número de solicitudes con la mayor rapidez posible, lo que resulta coherente con las urgentes necesidades que las subvenciones están llamadas a paliar.

El establecimiento de un procedimiento de concesión de estas subvenciones en régimen de concesión directa sin convocatoria requiere de una norma de rango legal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones [y en similares términos el artículo 21.1.c) del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias], conforme al cual podrán concederse subvenciones directas «…cuyo otorgamiento venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal, que seguirá el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa».

La presentación de solicitudes, sean las solicitantes personas físicas o jurídicas, deberá realizarse exclusivamente por medios electrónicos al amparo del artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, dado que las subvenciones están destinadas al ámbito empresarial, al que se le presupone el acceso a los medios electrónicos precisos, tal y como se determina en distintos ámbitos por la legislación sectorial.

IV

El presente Decreto ley se estructura en 3 capítulos, con 22 artículos y tres disposiciones finales.

El Capítulo I, dedicado a las disposiciones generales, regula el objeto y finalidad del Decreto ley, el régimen jurídico, las empresas beneficiarias y sus obligaciones, la cuantía de las subvenciones, su financiación y el destino, además de las entidades colaboradoras.

El Capítulo II regula el procedimiento de gestión de subvenciones, estableciendo las normas fundamentales relativas al procedimiento de concesión; mientras que el Capítulo III regula las condiciones para la justificación y, en su caso, el reintegro de las subvenciones, los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones, la compatibilidad e incompatibilidad con otras ayudas o subvenciones, así como el régimen aplicable a la prescripción y a las infracciones y sanciones.

En la disposición final primera se corrigen determinados preceptos del Decreto ley 9/2021, de 28 de junio, por el que se regula la concesión de subvenciones directas a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo a causa de la COVID-19, conforme ha señalado el Consejo Consultivo de Canarias en su dictamen nº 370/2021, de 12 de julio, emitido en relación con el referido Decreto ley 9/2021, de 28 de junio.

Asimismo, la corrección del apartado 3 del artículo 6 del citado Decreto ley 9/2021, suprimiendo la referencia al «salario correspondiente neto previo al ERTE», trae su causa en que podrá tenerse en cuenta la misma en el estudio de costes simplificados al que hace alusión el apartado 3 de la disposición adicional primera; motivo por el cual en el citado artículo 6.3 se atenderá al «salario mínimo interprofesional (SMI)», en el sentido de que «el cómputo total de la prestación contributiva máxima por desempleo mensual bruta y del importe de la subvención que le corresponda prorrateada mensualmente, no podrá ser superior al salario mínimo interprofesional», que viene a ser la referencia que se toma en consideración en el citado Decreto ley 9/2021, tanto en su exposición de motivos como en su contenido. Se añade igualmente en dicho apartado, como parámetro a tener en cuenta, la base reguladora a que hace referencia el artículo 161 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, al ser una variable cuantitativa de la que se dispone, que determinará que el mayor importe de la subvención a otorgar vaya dirigida al colectivo más vulnerable.

La extraordinaria y urgente necesidad de modificar determinados preceptos del mencionado Decreto ley 9/2021, de 28 de junio, orientados a clarificar su aplicación, se fundamenta en las propias razones que motivaron en su momento la tramitación de la norma de la que trae causa y, más en concreto y de manera específica, en el propio plazo para resolver de oficio la concesión de las subvenciones establecidas en dicho Decreto ley con la finalidad de reducir los efectos negativos que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo tienen sobre las personas trabajadoras con rentas más bajas, que la propia disposición señaló que sería de tres meses contados desde el día siguiente al de la publicación del mismo en el Boletín Oficial de Canarias, lo que se produjo con fecha 30 de junio de 2021, por lo que urge que el nuevo contenido regulatorio se enmarque dentro de dicho plazo.

En las disposiciones finales segunda y tercera se incorporan facultades de desarrollo y se establece la entrada en vigor del presente Decreto ley.

(……)”