Es esto lo que se dice en la EXPOSICIÓN DE MOTIVOS del Decreto-ley respecto de la materia que la norma regula:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El primer paquete de medidas normativas adoptadas por el Gobierno de Canarias se recogió en el Decreto ley 12/2021, de 30 de septiembre, por el que se adoptan medidas tributarias, organizativas y de gestión como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma. En el se trató de contemplar todos los posibles escenarios derivados de los devastadores efectos que se estaban produciendo, y que aún estaban por venir, pero, como ahora veremos, tuvieron que ser ampliados.

En este sentido, el citado Decreto ley 12/2021, de 30 de septiembre, se dictó con un doble objetivo en materia tributaria: por un lado, facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias, y, por otro, aliviar la carga impositiva de las actuaciones tendentes a la reposición de los bienes destruidos por la erupción. A estos efectos, las medidas aprobadas se agruparon en tres bloques: el primero recoge ampliaciones de plazos de presentación de autoliquidaciones y de fechas de vencimiento de deudas aplazadas o fraccionadas, así como aplazamiento de deudas en periodo ejecutivo; el segundo bloque, contempla un conjunto de beneficios fiscales que derivan en una nula o reducida tributación de las operaciones gravadas en diversos tributos, vinculadas con la reposición o reconstrucción de todo lo perdido o dañado por la erupción volcánica y, el tercero, establece una reducción proporcional de las cuotas fijas de una parte de la Tasa Fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar.

La incertidumbre que ha acompañado a todo este proceso natural, ha requerido realizar la pertinente adaptación de algunas medidas a las nuevas circunstancias concurrentes; con este fin, tanto la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022, como diversas Órdenes del Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, han vuelto a recoger medidas de naturaleza tributaria circunscritas a la isla de La Palma, ampliando y aclarando las ya existentes, y creando otras nuevas. Estas Órdenes son las siguientes:

– La de 1 de diciembre de 2021, por la que se prorroga para el año 2022 la aplicación de la Orden de 23 de diciembre de 2019, que fija los índices, módulos y demás parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para el año 2020, se establecen reducciones y ajustes para la determinación del importe en el año 2021 de las cuotas devengadas por operaciones corrientes, se modifican las cuotas fijas de la Tasa Fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar correspondiente a máquinas o aparatos automáticos, devengada el día 1 de octubre de 2021, y se efectúan otras modificaciones de naturaleza tributaria.

– La de 23 de diciembre de 2021, por la que se modifican los plazos de presentación de determinadas autoliquidaciones por parte de obligados tributarios con domicilio fiscal o establecimiento permanente principal en La Palma.

– La de 28 de enero de 2022, por la que se amplía el plazo de presentación de determinadas autoliquidaciones por parte de obligados tributarios con domicilio fiscal o establecimiento permanente principal en La Palma, y se fijan reducciones a aplicar al porcentaje de ingreso a cuenta correspondiente al primer trimestre del año 2022 en el régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario.

La trayectoria del volcán ha ido sepultando inexorablemente todo lo que ha encontrado a su paso hasta su paulatina llegada al mar, y la realidad ante la que nos encontramos, tras tres meses de actividad volcánica, es catastrófica.

Con esta situación, el Gobierno de Canarias aprobó una serie de medidas cara a la recuperación, reconstrucción y rehabilitación de viviendas; así, el pasado 24 de enero de 2022 entró en vigor el Decreto ley 1/2022, de 20 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma, como “el primero de los instrumentos que el Gobierno de Canarias pretende desplegar para la reconstrucción definitiva de las zonas afectadas por la erupción acaecida”, tal y como señala su Exposición de Motivos.

La gravedad de los daños producidos en viviendas, justifica la adopción de medidas extraordinarias en dicho Decreto ley 1/2022, de 20 de enero, cuya finalidad es lograr su reconstrucción y rehabilitación, “sin sujeción a las normas que rigen su legitimación en una situación de normalidad. Dichas medidas han de consistir en la agilización de la tramitación ordinaria y en la supresión de determinados límites sustantivos establecidos en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, para la edificación y la implantación de dicho uso en el suelo”.

Con este objetivo, “este Decreto ley ha de habilitar a los Ayuntamientos para la eliminación, en determinadas clases y categorías de suelo, de algunos límites previstos en la ordenación de los recursos naturales y del territorio y urbanística, a través de la posibilidad de derogar singularmente sus determinaciones en virtud de acuerdos adoptados por el Pleno del Ayuntamiento”.

Siendo el mismo, el resultado “del compromiso conjunto de la Administración General del Estado, y del conjunto de Administraciones locales afectadas, es decir Cabildo Insular de La Palma y Ayuntamientos de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, con la conformidad de las administraciones locales afectadas.”

Para ello, el citado Decreto ley 1/2022, de 20 de enero, permite que la construcción de las viviendas habituales, pueda “ejecutarse en cualquier parcela que esté clasificada como suelo urbano, suelo rústico de asentamiento, suelo rústico común, suelo rústico de protección agraria y suelo rústico de protección paisajística, con independencia de las determinaciones aplicables a dicha parcela en la ordenación de los recursos naturales y del territorio y en la ordenación urbanística”, sin perjuicio de diversas exclusiones.

Con esta nueva y excepcional regulación, resulta imprescindible adaptar las medidas tributarias relativas al suelo y a la construcción de la vivienda habitual contempladas en el Decreto ley 12/2021, de 30 de septiembre, concretamente en sus artículos 4.Uno.3, 6.1.b) y 7.3, dado que en ellos se condiciona, respectivamente, la aplicación del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario y en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y la bonificación del 100 por cien de la cuota del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, a las transmisiones y donaciones de terrenos situados en La Palma, que sean calificados de solares conforme a la regulación del régimen del suelo y ordenación urbana.

Es evidente que la posibilidad que otorga el Decreto ley 1/2022, de 20 de enero, de construir viviendas habituales en terrenos o parcelas que no sean calificados como solares, tiene consecuencias en los citados beneficios fiscales. Si bien, en el Impuesto General Indirecto Canario se reducirían los casos en que podría aplicarse el tipo cero -al estar exentas las entregas de terrenos rústicos-, en los otros dos impuestos se ampliaría su ámbito de aplicación; sin embargo, para que esto último proceda es necesario que se recoja de forma expresa en una norma con rango de ley -tal y como dispone el artículo 8.d) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria-, pues la analogía está prohibida en el artículo 14 de la misma Ley 58/2003, “para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales”.

Además de adaptar las medidas tributarias excepcionales previstas para la isla de La Palma a la nueva regulación recogida en el Decreto ley 1/2022, de 20 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma, en los términos indicados, se hace preciso introducir una modificación de la citada norma.

El Decreto ley 1/2022, de 20 de enero, es un instrumento normativo nacido para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía de La Palma en lo referido a la construcción o reconstrucción de sus viviendas habituales, tras la crisis vulcanológica vivida y surge del compromiso conjunto de la Administración General del Estado, y de las administraciones locales afectadas, es decir, Cabildo Insular de La Palma y Ayuntamientos de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, y del consenso en su regulación entre todas estas Administraciones. Dicho Decreto ley habilita a los Ayuntamientos para la eliminación, en determinadas clases y categorías de suelo, de algunos límites previstos en la ordenación de los recursos naturales y del territorio y urbanística, a través de la posibilidad de derogar singularmente sus determinaciones en virtud de acuerdos adoptados por el Pleno del Ayuntamiento.

En este sentido, para posibilitar el ejercicio de las atribuciones conferidas a los Ayuntamientos, se hace necesaria su modificación, introduciendo una disposición final referida a la regulación de los parámetros de suelo rústico, de tal manera que el Pleno de cada Ayuntamiento pueda establecer, mediante acuerdo plenario, los parámetros para la construcción de viviendas en las categorías de suelo rústico recogidas en el apartado 2 del artículo 4 del Decreto ley 1/2022, de 20 de enero. De otro modo, la solución pretendida por el mismo resultaría de difícil aplicación, imposibilitando la pretendida recuperación de la vivienda para la ciudadanía afectada.

Por último, se recoge en la disposición adicional segunda una medida que permite aliviar a la juventud canaria en estos momentos de crisis y de altas tasas de desempleo juvenil de alguna de las cargas que soportan para disfrutar de determinados beneficios.

El Carné Joven Europeo es una iniciativa de la Asociación Europea del Carné Joven (European Young Card Association – EYCA) nacida del Protocolo de Lisboa firmado el 1 de junio de 1987, con la finalidad de facilitar la movilidad e intercomunicación de jóvenes de entre doce y treinta años de edad, así como favorecer su acceso a los bienes sociales y culturales.

El Programa se desenvuelve conforme a las estipulaciones del citado Protocolo de Lisboa y sus posteriores modificaciones, de acuerdo con las directrices de la EYCA, de la que España forma parte, siendo el instrumento jurídico por el que se crea el Carné Joven Europeo, con el objetivo de extender al ámbito internacional las ventajas relacionadas con los carnés joven nacionales de los países miembros, estableciendo una serie de disposiciones armonizadoras en la materia, de obligado cumplimiento para los Estados adheridos al mismo. Este programa se desarrolla conjuntamente con el resto de comunidades y ciudades autónomas españolas y con más de 36 países del entorno europeo que conforman la Asociación Europea del Carné Joven (EYCA), que garantiza la reciprocidad de las prestaciones en los diferentes países adscritos a más de seis millones de usuarios.

Desde 1988 el Gobierno de Canarias viene desarrollando el Programa del Carné Joven Europeo, proporcionando a las personas jóvenes del archipiélago una serie de descuentos y ventajas, acordadas tanto con entidades públicas como privadas, que faciliten sus condiciones de vida, con el objetivo de posibilitar el acceso a bienes culturales y servicios que contribuyan a mejorar su calidad de vida y favorecer su movilidad geográfica.

Por el Decreto 46/2020, de 21 de mayo (BOC nº 105, de 29 de mayo), se regulan las características del Programa del Carné Joven Europeo en la Comunidad Autónoma de Canarias, en ejecución de lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud, que establece entre sus fines los de fomentar hábitos de vida, de ocio y de ocupación del tiempo libre saludables, y de generar las condiciones que posibiliten su emancipación e integración social, garantizando el derecho de todas las personas jóvenes de Canarias a acceder en igualdad de condiciones a los programas, planes y/o acciones de los que sean partícipes y destinatarias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Española.

La consecución de tales fines, sin embargo, se enfrenta actualmente a obstáculos que requieren actuaciones decididas para su superación. Así, la población juvenil de Canarias ha padecido en las últimas décadas dos grandes crisis económicas y sociales, la última originada por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que han agravado y mermado aún más su incorporación al mundo laboral, dificultando y posponiendo, en la mayoría de los casos, su emancipación del hogar familiar y la realización de su proyecto personal y familiar individual.

Esta situación de crisis, sin precedentes, en la que el poder adquisitivo de las personas jóvenes y de las familias ha sufrido una gran reducción, con una tasa media de paro juvenil en Canarias de más del 50 %, obliga a la adopción de medidas de carácter extraordinario y urgente que contribuyan a paliar sus efectos para tratar de garantizar, en la medida de lo posible, el bienestar de la juventud canaria.

En este contexto, la supresión de la tasa por expedición del Carné Joven Europeo se configura como una de las medidas adecuadas para facilitar y mantener el acceso a los beneficios sociales, de formación, movilidad, actividades culturales, turísticas y de tiempo libre que ofrece el programa Carné Joven Europeo en Canarias y en los 36 países asociados al mismo del continente europeo.

La tasa por expedición del Carné Joven Europeo se regula en el Capítulo III del Título II, artículo 33 bis), del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por Decreto legislativo 1/1994, de 29 de julio, y actualmente asciende a 3,12 euros para su expedición o renovación, con una duración de dos años de vigencia.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la expedición, a instancia de parte, del Carné Joven de la Comunidad Autónoma de Canarias, siendo sujetos pasivos las personas físicas que soliciten la expedición del referido carné. La tasa se devenga en el momento en que se presente la solicitud de expedición del carné joven.

Habida cuenta de la situación descrita, se considera que la medida propuesta contribuye al esfuerzo por intentar mejorar, en un entorno de crisis cuya prolongación en el tiempo no se sabe hasta cuando perdurará, las condiciones de vida de la población juvenil canaria, facilitando su acceso en igualdad de condiciones a un instrumento concebido para apoyar la consecución de los fines previstos en la legislación vigente en materia de juventud.

El artículo 46.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias dispone que en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno de Canarias podrá dictar normas con rango de ley, que recibirán el nombre de decretos-leyes.

En virtud de la consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional (por todas Sentencia 14/2020, de 28 de enero, FJ 2) es exigible “que el Gobierno haga una definición “explícita y razonada” de la situación concurrente, y segundo, que exista además una “conexión de sentido” entre la situación definida y las medidas que en el decreto ley se adopten”.

La misma obviedad de la situación de emergencia, que justificó la adopción de medidas tributarias en el Decreto ley 12/2021, de 30 de septiembre, y de medidas urbanísticas en el Decreto ley 1/2022, de 20 de enero, derivada de una situación catastrófica que, por sí sola, justifica la extraordinaria y urgente necesidad, concurre ahora, por un lado, para adaptar los beneficios fiscales vinculados con las transmisiones de terrenos en La Palma, facilitando la puesta en marcha de la efectiva construcción de viviendas sin coste fiscal, y por otro lado, para modificar el Decreto ley 1/2022 con el fin de darle aplicabilidad a las medidas excepcionales en materia urbanística que en el mismo se contienen.

Por otro lado, la supresión de la tasa por la expedición del Carné Joven Europeo responde a una realidad actual derivada de la situación de precariedad en la que viven los jóvenes canarios, que viene persistiendo en el tiempo, y que persigue aliviar sus cargas económicas y mejorar su bienestar social.

Por tanto, existe plena homogeneidad entre las situaciones descritas en la exposición de motivos y el contenido de la parte dispositiva; es decir, existe “conexión de sentido” entre la situación definida y las medidas que en el Decreto ley se adoptan.

El decreto ley constituye, por tanto, el instrumento constitucional y estatutariamente previsto a estos efectos, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia sea, tal y como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situación concreta que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el establecido por la vía normal o por el procedimiento abreviado o de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.

Todos los motivos expuestos justifican amplia y razonadamente la extraordinaria y urgente necesidad de que por parte del Gobierno de Canarias se apruebe, conforme al apartado 1 del artículo 46 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, un Decreto ley como el que nos ocupa.

No se ha realizado el trámite de participación pública al amparo de lo que establece el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, de aplicación supletoria por mor de lo dispuesto en la disposición final primera de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que excluye la aplicación de las normas para la tramitación de anteproyectos de ley y normas reglamentarias, a los decretos leyes, a excepción de la elaboración de la memoria prevista en el apartado 3 del citado artículo, con carácter abreviado.

III.

La Comunidad Autónoma de Canarias ostenta plena competencia para regular sobre la materia, al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de Canarias y en los artículos 46 , 48 , 49 y 50 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, en relación con los artículos 17.c) y 19.Dos.a), c), d) y e) de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, así como el artículo 2 de la Ley 26/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, respecto de los tributos cedidos del Estado, y lo dispuesto en los artículos 115 y 166.4 del Estatuto de Autonomía de Canarias y en el apartado dos de la disposición adicional décima de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, respecto de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Asimismo la Comunidad Autónoma de Canarias es competente para regular y gestionar sus propios tributos, incluido el rendimiento de sus propias tasas, lo que requiere reserva de ley, todo ello de acuerdo con los artículos 171 y 183 del Estatuto de Autonomía de Canarias.

Por lo que se refiere a la regulación recogida en la disposición final primera tiene amparo en el artículo 158 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que atribuye a nuestra Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de urbanismo.”