Por medio de este Decreto Ley, se adoptan medidas en relación con el “Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica”, con el “Impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente” y con la “tasa de la pesca fresca”. Es esto lo que se dice en la EXPOSICIÓN DE MOTIVOS del Decreto Ley respecto de dichas medidas:

“Exposición de motivos

El impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, regulado por la Ley 16/2017, del 1 de agosto, del cambio climático, se creó el año 2017 y ha sido objeto de sucesivas modificaciones. El Decreto ley 33/2020, de 30 de septiembre, de medidas urgentes en el ámbito del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica y del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, y en el ámbito presupuestario y administrativo, estableció la exigibilidad del impuesto a partir del 31 de diciembre del 2020, y se previó demorar hasta el 2021 la aplicación de la tarifa inicialmente prevista para el 2020. Así, en el año 2021 ha sido el primero en el que se ha puesto en marcha el tributo y se ha liquidado el ejercicio 2020.

Para el 2021, el artículo 44 de la Ley 16/2017, del 1 de agosto, bajó el umbral de emisiones a partir del que se produce la sujeción al tributo e incrementa los tipos de gravamen marginales: así, para los vehículos de la categoría M1 y de las categorías L3e, L4e, L5e y L7e, la sujeción se produce a partir de los 95 g/km (120 g/km en el 2020), y para los vehículos de la categoría N1, a partir de los 140 g/km (160g/km en el 2020). Eso comportará un incremento de la cuota.

Actualmente, sin embargo, hay que replantearse la aplicación de esta tarifa más exigente, a raíz, sobre todo, de tres factores: por una parte, la constatación de que, aunque los indicadores apuntaban a una mejora de la economía del país, buena parte de los hogares catalanes todavía sufre la crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19; por otra, la elevada inflación causada, fundamentalmente, por el aumento notable del precio de la energía; y, finalmente, la situación reciente de inestabilidad en la Europa del este que, entre otras consecuencias, está comportando un incremento de los precios de los combustibles que se está repercutiendo de forma inmediata en el precio de los carburantes utilizados por los vehículos de tracción mecánica, sujetos a tributación.

En este escenario de elevada incertidumbre, se estima del todo necesario proceder a mantener la carga tributaria del impuesto. Por este motivo, se mantiene la tarifa aplicable en el ejercicio 2020, con carácter indefinido y con efectos, también, para el ejercicio 2021, ya devengado.

Por otro lado, en los últimos años se han reducido las inversiones en fuentes de energía fósil y se han incrementado las inversiones en energías renovables. Esta transición energética está siendo, no obstante, más lenta de lo que se preveía. La situación de inestabilidad en la Europa del este citada anteriormente ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de fuentes de energía alternativas.

Para atender esta necesidad, se considera oportuno utilizar el instrumento tributario, concretamente, el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, creado en la Ley 5/2020, de 29 de abril, e incrementar el tipo de gravamen que recae sobre la actividad de producción, almacenamiento o transformación de energía eléctrica. Se prevé que este aumento de recaudación, que se verifique por la diferencia entre los tipos de gravamen aprobados en este Decreto ley y los aprobados por la Ley 5/2020, quede afectado a la financiación de actuaciones de transición energética.

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Finalmente, la sección quinta de la Ley 10/2019, de 23 de diciembre, de puertos y de transporte en aguas marítimas y continentales, regula la tasa de pesca fresca. El actual incremento del precio del carburante y su impacto en la operativa pesquera, así como el incremento de los precios del consumo que afectan a la demanda de compra por parte del consumidor final, hacen que proceda acordar medidas para paliar dichos efectos, tales como el establecimiento de una exención en la tasa portuaria sobre la pesca fresca al armador del barco o embarcación pesquera y a sus sustitutos, en el caso de que la pesca acceda al puerto por vía marítima, y ​​que equipare un tratamiento equivalente de los puertos de competencia de la Generalitat respecto a los puertos de interés estatal con su singularidad en cuanto a la exención temporal de la tasa TA4, pesca fresca, aprobada por el Real decreto ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Esta exención se establece por un período de seis meses, desde la entrada en vigor de esta norma y su impacto económico será asumido por el presupuesto de Puertos de la Generalitat.

(……)”