Es esto lo que se dice en el preámbulo del Decreto Normativo respecto de la trasposición de la Directiva que lleva a cabo:

“El 5 de octubre de 2015, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) hizo públicos los informes finales sobre los quince puntos de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios (BEPS), que fueron acogidos por el Consejo Europeo en sus Conclusiones de 8 de diciembre de 2015, quien subrayó la necesidad de encontrar soluciones comunes y a la vez flexibles, a escala de la Unión Europea que se ajusten a lo indicado en dichos informes finales.

Con el objeto de concretar las conclusiones del proyecto BEPS de la OCDE, el 28 de enero de 2016, la Comisión Europea presentó su opinión al respecto contra la elusión fiscal, en el marco del cual, posteriormente, se aprobó la Directiva (UE) 2016/1164 (LCEur 2016, 1031) , del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior.

Dicha Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, estableció un marco para luchar contra las asimetrías híbridas que, sin embargo, fue posteriormente ampliado por la Directiva (UE) 2017/952 (LCEur 2017, 838) , del Consejo, de 29 de mayo de 2017, mediante la que se establecen reglas que neutralizan las asimetrías híbridas de una forma más global, incluyendo las que implican a países terceros.

Así, en este contexto, la Directiva (UE) 2017/952, del Consejo, de 29 de mayo, recoge una seria de asimetrías híbridas, basadas en lo establecido en el Informe Final sobre la Acción 2 del Proyecto BEPS de la OCDE, y establece las reglas necesarias para eliminarlas, mediante la regulación de un mandato primario, entendido como la solución que se considera más apropiada para neutralizar cada asimetría híbrida, y de un mandato secundario, que debe ser aplicado en caso de que, en la jurisdicción de que se trate, no se aplique el citado mandato primario, bien porque exista una discrepancia en la trasposición de la Directiva, o bien porque la asimetría implique a un tercer Estado que no tenga aprobadas medidas defensivas contra ella.

Mediante este Decreto Normativo de Urgencia Fiscal se trasponen al ordenamiento tributario alavés, las reglas contenidas en la Directiva (UE) 2017/952, del Consejo, de 29 de mayo, incorporándolas a la Norma Foral 37/2013, de 13 de diciembre (LPV 2013, 378y LPV 2014, 31) , del Impuesto sobre Sociedades, y a la Norma Foral 21/2014, de 18 de junio (LPV 2014, 219) , del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, mediante la introducción de un nuevo artículo 31 bis en la primera, y de un nuevo apartado 11 al artículo 18 de la segunda.

Las previsiones contenidas en el artículo 8 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero (LPV 2005, 111) , General Tributaria de Álava, unidas a la necesidad urgente de actuación por parte de la Diputación Foral de Álava, justificada en los efectos inmediatos de las medidas contenidas en este Decreto Normativo de Urgencia Fiscal, exige la utilización de la vía, en su caso, del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal, dándose cuenta de su contenido a las Juntas Generales para su posterior ratificación.

(……)”