Del confuso PREÁMBULO de la Ley de referencia se desprende que el objeto de esta es el siguiente:

“(…… implementar los ajustes técnicos, jurídicos y económico-financieros de estos tributos, al mismo tiempo que se actualizan algunas de sus cuantías para adaptarlas al principio de equivalencia de costes y se crean nuevos conceptos imponibles, con sus correspondientes tarifas, para atender a la irrenunciable obligación que tiene la Administración de exigir una contraprestación económica por la prestación de servicios o la realización de actividades en el cumplimiento de sus funciones públicas pero en beneficio de los ciudadanos que vienen obligados al pago de las mismas.

Asimismo, la presente ley opera una modificación puntual de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, con dos objetivos muy concretos: el primero, incluir entre los medios de pago de las tasas y precios públicos el uso de la tarjeta de crédito o débito, si bien condicionado al momento en que la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón proceda a la completa implantación del módulo correspondiente en la plataforma de pagos del Gobierno de Aragón y su integración con las tecnologías de las entidades bancarias proveedoras del servicio; y el segundo, establecer una exención, con carácter general para dichas tasas y precios públicos, a favor de los órganos que integran la estructura de los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos autónomos, pues en un sistema de caja única no tiene sentido incrementar la carga burocrática que implica la realización de los diversos trámites para la liquidación de la exacción sin que, finalmente, se produzca un ingreso real y efectivo.”

Sea como fuere, es esto lo que se dice en el citado PREÁMBULO respecto de la materia que la Ley regula:

“Tradicionalmente, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, las necesarias modificaciones de las tasas -tanto de contenido jurídico como económico- eran implementadas en la correspondiente ley de medidas que se tramitaba simultáneamente con la ley anual de presupuestos. Las sucesivas leyes de medidas cumplían una labor de depuración técnica y financiera de las tasas, al mismo tiempo que una actualización de sus cuantías para adaptarlas al coste de prestación de los correspondientes servicios y actuaciones administrativas.

Sin embargo, la modificación del Reglamento de las Cortes de Aragón estableció que las citadas leyes de medidas sólo podrían incluir medidas cuya vigencia coincidiera con la temporalidad anual de la ley de presupuestos a la que debían complementar. Esta importante modificación suprimía la habitual instrumentalización de las leyes de medidas para la necesaria actualización y adecuación de las tasas a las necesidades surgidas en cada ejercicio.

Los órganos gestores de las tasas, a falta de una ley que permitiera la modificación de sus exacciones tributarias, se encontraban o bien ante la imposibilidad de proceder a su actualización, o bien ante la compleja tarea de instrumentar un proyecto normativo específico para implementar dicha operación. El desfase producido en el ámbito de las tasas ha llegado a ser tan evidente y tan perturbador que la oportunidad de aprobar una norma con rango de ley para la reordenación de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través de la modificación del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, se ha convertido en una auténtica necesidad al objeto de implementar los ajustes técnicos, jurídicos y económico-financieros de estos tributos, al mismo tiempo que se actualizan algunas de sus cuantías para adaptarlas al principio de equivalencia de costes y se crean nuevos conceptos imponibles, con sus correspondientes tarifas, para atender a la irrenunciable obligación que tiene la Administración de exigir una contraprestación económica por la prestación de servicios o la realización de actividades en el cumplimiento de sus funciones públicas pero en beneficio de los ciudadanos que vienen obligados al pago de las mismas.

Asimismo, la presente ley opera una modificación puntual de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, con dos objetivos muy concretos: el primero, incluir entre los medios de pago de las tasas y precios públicos el uso de la tarjeta de crédito o débito, si bien condicionado al momento en que la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón proceda a la completa implantación del módulo correspondiente en la plataforma de pagos del Gobierno de Aragón y su integración con las tecnologías de las entidades bancarias proveedoras del servicio; y el segundo, establecer una exención, con carácter general para dichas tasas y precios públicos, a favor de los órganos que integran la estructura de los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos autónomos, pues en un sistema de caja única no tiene sentido incrementar la carga burocrática que implica la realización de los diversos trámites para la liquidación de la exacción sin que, finalmente, se produzca un ingreso real y efectivo.

En el ejercicio de la correspondiente iniciativa legislativa se han observado los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en tanto que la presente norma persigue un objetivo de interés general, mediante medidas proporcionadas al fin propuesto, habiéndose consultado a los preceptivos órganos consultivos y de asesoramiento jurídico, se integra completamente en el ordenamiento jurídico y facilita la eliminación de trámites innecesarios para la Administración tributaria y los obligados tributarios. Además, en garantía de los principios de seguridad jurídica y de transparencia, la presente normativa será objeto de publicación, además de en el boletín oficial correspondiente, en el portal de tributos de la página web del Gobierno de Aragón, junto al resto de la normativa tributaria aplicable.

La presente ley se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón, relativo a la potestad tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, en virtud del cual «La Comunidad Autónoma de Aragón tiene capacidad normativa para establecer sus propios tributos», como es el caso de las tasas, figura tributaria cuyo rendimiento constituye, de acuerdo con el artículo 104 del Estatuto de Autonomía, uno de los recursos de la Comunidad Autónoma. Además, las modificaciones operadas en esta ley se integran en el ordenamiento jurídico vigente al incorporarse a dos textos legislativos precedentes, como son el Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón y la ley de tasas y precios públicos, antes citadas.”