Desde la promulgación del artículo 8 LHL, en 1988, el citado precepto siempre dispuso que las actuaciones en materia de inspección o recaudación ejecutiva que hubieran de efectuarse fuera del territorio de la respectiva Entidad local en relación con los ingresos de derecho público propios de ésta, serían practicadas por los órganos de la correspondiente Comunidad Autónoma cuando tuvieran que realizarse en el ámbito territorial de ésta, y por los órganos competentes del Estado en otro caso, previa solicitud del presidente de la Corporación.

Conforme al precepto citado, los registradores de la propiedad, con apoyo en la doctrina sentada por la Dirección General de los Registros y del Notariado, siempre se han negado a practicar anotaciones preventivas de embargo de bienes inmuebles situados fuera del ámbito territorial del órgano de recaudación diligenciador del mandamiento correspondiente. Y es en este contexto en el que el TS, en reciente STS de 16 de marzo de 2011, ha fijado doctrina legal matizando, no se sabe con qué consecuencias, el “status quo” hasta aquí descrito.

El supuesto de hecho objeto de la STS de referencia viene constituido por la anulación por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de una diligencia de embargo preventivo de bien inmueble, dictada por el titular del órgano de recaudación de un Ayuntamiento en el marco de un procedimiento de recaudación ejecutiva, estando situado el bien inmueble fuera del respectivo término municipal. Y con fundamento en ese supuesto de hecho, el TS, en la STS citada, recaída en un recurso de casación en interés de ley, ha formulado, entre otros, los pronunciamientos siguientes:

-“Es cierto que la medida cautelar del embargo preventivo de bien inmueble está justificada para asegurar el cobro de una resolución administrativa futura como es la deuda tributaria u otro ingreso de derecho público.”
-“De no adoptarse tal medida el riesgo de pérdida de la garantía resultaría elevado y objetivo, al advertirse la existencia de un evidente “periculum in mora”.
-“Ninguna duda ofrece que tales actuaciones cautelares todavía no ejecutivas se pueden ejercitar plenamente por los órganos de recaudación municipales a pesar de que el bien no se encuentre ubicado en su ámbito territorial.”
-“Estamos” ante el ejercicio de “una potestad municipal . . . que es factible practicar . . . sin necesidad de colaboración administrativa que en su caso será exigible en la fase ejecutiva.”
-“No se está materializando el cumplimiento por vía coactiva sino solo asegurando su eventual ejecución por lo que el límite territorial del término municipal, . . . , entendido como el espacio en que el Ayuntamiento ejerce sus competencias no comporta que la organización municipal tenga prohibido adoptar decisiones cautelares en el seno de un procedimiento respecto del que goza de competencia, que se proyecten en otro término municipal.”
-“Cuestión distinta sería el procedimiento de ejecución forzosa de un bien radicado fuera de la circunscripción municipal.”
-“No exige la norma que la diligencia de embargo preventivo de un bien inmueble se realice en el lugar donde se ubica físicamente el mismo, por lo que no puede el Juzgado “a quo” no reconocer legitimidad al recaudador municipal, para despachar el mandamiento de anotación preventiva de embargo respecto de un bien radicado fuera del término municipal, mientras tal documento no sea expedido por el órgano supramunicipal competente por razón del territorio.”
-“La exigencia en esta fase cautelar de la citada colaboración interadministrativa comporta una burocratización no querida ni buscada por nuestro ordenamiento en aras al principio de eficacia y economía procedimental que debe inspirar el funcionamiento de la Administración y el pleno desarrollo por las Corporaciones Locales de sus potestades propias.”
-“No incumbe”, sin embargo, “a este orden jurisdiccional pronunciarse en el marco de este litigio acerca de si debe o no ser inscrito el mandamiento por el Registrador de la Propiedad.”

Y con fundamento en los pronunciamientos arriba transcritos, el TS, en la STS de 16 de marzo de 2011, ha fijado la siguiente doctrina legal: “El titular del órgano recaudatorio de una Entidad Local es competente para dictar, en el seno del procedimiento ejecutivo de apremio, mandamiento de anotación preventiva de embargo de bien inmueble, respecto de inmuebles radicados fuera de su término municipal”.

De esta forma, el TS pone la pelota en el tejado de la jurisdicción civil: ¿qué sucederá en esa jurisdicción?

José Ignacio Rubio de Urquía