La determinación de en qué supuestos está obligado el contribuyente al pago de intereses de demora es una cuestión que no ha sido pacífica nunca y que sigue sin serlo, a pesar de que la nueva LGT arrojó bastante luz sobre la materia. La aludida falta de unanimidad ha existido y existe incluso en el ámbito de la jurisprudencia del TS, pudiéndose advertir en dicho ámbito dos tendencias contrapuestas que no acaban de reconciliarse.

El problema se plantea, principalmente, en dos supuestos, a saber: en primer lugar, en el caso de declaraciones tributarias a liquidar por la Administración; y en segundo lugar, en el caso de liquidaciones practicadas por la Administración para sustituir autoliquidaciones total o parcialmente anuladas:

-Tratándose de declaraciones liquidadas por la Administración, sí existe bastante unanimidad, ya, en el sentido de que no cabe exigir el pago de intereses de demora por el tiempo transcurrido entre la fecha de presentación de la declaración y la de la liquidación.
-Tratándose de liquidaciones practicadas por la Administración para sustituir autoliquidaciones total o parcialmente anuladas:

• Según una tendencia, procede el abono de intereses de demora por el tiempo transcurrido entre la autoliquidación y la liquidación sustitutoria.
• Según otra tendencia, procede el abono de intereses de demora en los mismos términos que en el caso anterior, pero sólo por la parte de la cuota tributaria no afectada por la anulación, en los supuestos de anulación parcial de autoliquidaciones.
• Según una tercera tendencia, no procede en ningún caso el abono de intereses de demora, ya se trate de anulaciones totales o de anulaciones parciales de autoliquidaciones, por el tiempo transcurrido entre la autoliquidación anulada, total o parcialmente, y la liquidación sustitutoria.

Este último criterio es el que acoge ahora el TS en reciente STS de 7 de marzo de 2011, incardinándolo acertadamente en los preceptos de la LGT que resultan de aplicación a la materia.

José Ignacio Rubio de Urquía