Por medio de la Ley 51/2002 se llevó a cabo una “reforma” del IAE, vigente hasta hoy desde el 1 de enero de 2003, la cual supuso, en realidad, la transformación del tributo en un impuesto sobre la cifra neta de negocio de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, de las sociedades civiles y de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 LGT.

En términos de estricta juridicidad tributaria, es muy difícil encontrar en la Historia del Derecho Tributario Español un caso de tan manifiesta injusticia material y de tan palmaria vulneración de cuantos principios informan el establecimiento y ordenación de los tributos.

A pesar de ello, en no pocos pleitos se ha solicitado por el contribuyente el planteamiento de la pertinente cuestión de inconstitucionalidad; y en ninguno de ellos el órgano judicial correspondiente ha tenido a bien atender la petición, salvo en uno sólo, la verdad sea dicha, caso en el que el TC inadmitió la cuestión por considerar que lo planteado no tenía relevancia para la resolución del pleito contencioso.

Pues bien, ahora el TS, en reciente STS de 9 de marzo de 2011, además de no atender la solicitud de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad formulada por el recurrente, ha validado la esencia de la “reforma” operada en 2002.

Así las cosas, es ya muy poco lo que cabe esperar en relación con una posible revisión jurisdiccional de la actual regulación del IAE.

José Ignacio Rubio de Urquía