Se está ante un supuesto en el que un Ayuntamiento, por medio de la interposición de un recurso de casación en interés de la ley, pretende que el TS fije determinada doctrina legal en materia de IIVTNU, partiendo de la doctrina sentada en la STS de 12 de enero de 2008; resolución ésta referida a los límites temporales de las modificaciones de las valoraciones catastrales, concretamente a la eficacia de dichas modificaciones contemplada desde la perspectiva de la notificación de las mismas a los interesados.

Al considerar la pretensión del Ayuntamiento recurrente, el TS, en reciente sentencia de 25 de julio de 2011, niega similitud entre el supuesto de hecho enjuiciado y el que había sido objeto de la STS citada en el párrafo anterior; y a partir de ello afirma que la sentencia de instancia, dictada por un JCA, no resulta ser gravemente dañosa para el interés general, con lo que no se cumple una de las dos exigencias establecidas por el artículo 100 LJCA para que pueda prosperar un recurso de casación en interés de la ley.

Es importante destacar que, aún de forma tangencial, la resolución a que se viene haciendo referencia (STS 25-7-2011) reitera que la sentencia de instancia cuya impugnación dio lugar a la STS de 12 de enero de 2008 no era errónea, segundo de los requisitos exigidos por el artículo 100 LJCA; de donde se infiere, y he aquí lo importante, que el TS reitera ahora la importantísima doctrina sentada entonces, es decir, la doctrina sentada en aquella sentencia de 2008.

José Ignacio Rubio de Urquía