En España, la denominada “fiscalidad medioambiental”, basada en el principio indeterminado de “quien contamina paga”, ha desplegado su acción, principalmente, en el ámbito de las CCAA. Ahora, por medio de la Proposición de Ley de referencia, publicada en el BOCG de 31 de julio de 2009, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds pretende llenar de supuestas medidas de “fiscalidad ambiental” amplísimas zonas de los espacios tributarios estatal y local.

En concreto, y según la Proposición de Ley, dichas medidas alcanzan a la imposición sobre hidrocarburos en sus distintas modalidades; a la imposición sobre vehículos de tracción mecánica y otros medios de transporte en sus distintas modalidades; a la imposición directa, Sociedades y Renta, y al IVA; a las tasas aeroportuarias; a la energía nuclear; al vertido e incineración de residuos; a las bolsas de plástico de un solo uso; al cambio de usos del suelo; a las sustancias de elevado nivel de preocupación; a las tasas locales por recogida de residuos, así como al IBI, al IAE, al IVTM, al ICIO y al IIVTNU, regulando, además, la facultad a favor de los Ayuntamientos para establecer un “Impuesto sobre la estancia en empresas turísticas de alojamiento”. Sobran los comentarios.

J.I.R.U.