Como es bien sabido, la normativa reguladora del IAE prevé la posibilidad de que el Estado delegue la gestión censal de las cuotas municipales del IAE, así como la inspección de las mismas, en las Entidades que tengan a su cargo la gestión tributaria de dichas cuotas. Dada la penuria financiera por la que están atravesando los Ayuntamientos, las Entidades que tienen delegadas esas funciones de gestión censal e inspección del IAE están ejerciéndolas intensivamente, a fin de paliar la referida situación de insuficiencia financiera.

Tal ejercicio intensivo de funciones, especialmente de funciones de inspección, conduce inexorablemente al tensionamiento de las relaciones entre la Administración tributaria y los contribuyentes, resultando de ello gran controversia, mucha más de la que se daría en circunstancias de normalidad financiera. Y todo ello se está traduciendo en un incremento de las reclamaciones económico-administrativas, así como, consiguientemente, en un aumento proporcional de las resoluciones estimatorias de las pretensiones de los contribuyentes.

Por los mismos motivos, las Entidades delegadas han entrado en una dinámica de impugnación de las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos que les son adversas, configurando así un panorama relativamente nuevo. En el contexto descrito, la cuestión se reduce a determinar si esas Entidades delegadas están legitimadas o no para plantear dichas impugnaciones. A esta interrogante ha dado respuesta últimamente el TSJ de Andalucía, sede de Granada, en sus sentencias de 18 y 25 de mayo de 2011, en las que el mencionado órgano judicial ha establecido, como pronunciamiento, la falta de legitimación de las entidades delegadas para impugnar resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos del Estado recaídas en reclamaciones deducidas frente a actos dictados en aplicación del IAE por delegación.

Se está ante una doctrina razonable y ortodoxa que, sin embargo, puede que no resista los embates de “creatividad” del TS.

José ignacio Rubio de Urquía