Según dispone el artículo 100.2 LHL, está exenta del pago del ICIO “la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, que estando sujeta al impuesto vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación”.

El principal problema que ha planteado la aplicación de la exención referida, desde que la misma fue establecida en un momento posterior al de la promulgación de la Ley 39/1988, se ha centrado en determinar cuándo se considera que la construcción, instalación u obra de que se trate en cada caso está “directamente” destinada a alguna de las infraestructuras reseñadas en el precepto transcrito. Y ese problema surge especialmente en el caso de las obras “asociadas”, es decir, en el caso de aquellas que no tienen por objeto intrínseco la infraestructura en sí misma considerada, sino algún elemento en el que aún no concurriendo esa circunstancia sí es susceptible de ser considerado como parte de la infraestructura de que se trate.

No es nada fácil, empero, configurar un criterio general que permita saber en todos los casos cuándo se está ante una obra “asociada”, pudiéndose llegar, como máximo, a establecer que ello sucede cuando la obra en cuestión forma parte integrante de la infraestructura respectiva. En este sentido puede resultar ilustrativo el supuesto de hecho objeto de la reciente sentencia del TSJ de Madrid, fechada el 29 de septiembre de 2011, por la que se declaran exentas del pago del ICIO, con fundamento en el apartado 2 del artículo 100 LHL más arriba transcrito, las obras de acceso al Intercambiador de Nuevos Ministerios, así como las del propio Intercambiador.

José Ignacio Rubio de Urquía