Uno de los aspectos más conflictivos del hecho imponible del IBI, desde la creación y regulación del tributo por Ley 39/1988 hasta el presente momento, es el constituido por la circunstancia de ser la titularidad de una concesión administrativa, bien directa sobre bienes inmuebles, bien indirecta sobre servicios a los que estén afectos bienes inmuebles, la modalidad prevalente de aquél elemento esencial del impuesto.

En el supuesto de hecho aquí considerado, la entidad que presta el servicio de recogida de residuos sólidos por cuenta de un consorcio provincial constituido a tal fin entiende que no es concesionaria de un servicio público, sino que se limita a la prestación de ese concreto servicio, de forma que no es, por consiguiente, titular del bien inmueble afecto al servicio en cuestión, correspondiendo tal titularidad al mencionado consorcio provincial, quien es, en consecuencia, el sujeto pasivo del IBI.

De lo que se trata, en definitiva, es de determinar si el contrato que vincula a la entidad prestadora del servicio con el consorcio provincial es un contrato de arrendamiento de servicios, como sostiene dicha entidad, o una auténtica concesión administrativa, como sostienen el referido consorcio y el TEAC. A fin de resolver la controversia, la AN, en reciente sentencia de 10 de noviembre de 2011, se ha remitido a la jurisprudencia del TS, concretamente a la STS de 5 de marzo de 2007, en la que el Alto Tribunal, al resolver una controversia en torno a la naturaleza jurídica de la adjudicación de un servicio de limpieza viaria a efectos del ITP, ha señalado, entre otros extremos, lo siguiente:

“En Derecho Administrativo, la concesión administrativa es una institución que agrupa distintas especies de negocios jurídicos presididos por la idea de cesión a un particular de una esfera de actuación originariamente administrativa. El concepto incluye todos aquellos actos de las Administraciones Públicas por los que se faculta a los particulares para la realización o gestión de determinado servicio público o se les atribuye el aprovechamiento específico y exclusivo de bienes de dominio público. La concesión es, por tanto, una institución jurídica compleja, susceptible de ser considerada como contrato y como derecho real, ya que comprende dos modalidades: la de servicio público y la demanial.”

En consecuencia, y sin necesidad de ahondar en la doctrina del TS, parece claro que el título que permite a un particular gestionar un servicio público es la concesión administrativa, de forma que, cuando ello suceda, y con independencia del nombre con el que se haya designado el contrato correspondiente, se estará siempre ante una concesión administrativa, cuyo concesionario será el titular catastral de los bienes inmuebles afectos al servicio público de que se trate y, consiguientemente, el sujeto pasivo del IBI por dichos bienes.

José Ignacio Rubio de Urquía