Es curioso observar cómo un precepto tan simple, aparentemente simple, como el que regula la base imponible del ICIO (art. 102.1 LHL) ha sido capaz de generar tantísima litigiosidad; y cómo continúa generándola a pesar de la ingente cantidad de jurisprudencia, entendido este concepto en su sentido más amplio, recaída sobre el mismo. Ciertamente, se está ante una fuente inagotable de controversia, buena prueba de lo cual es el asunto que constituye el objeto de la resolución a contemplar seguidamente.

El asunto en cuestión se concreta en la confrontación entre un Ayuntamiento y una empresa constructora: según el primero, sólo es excluible de la base imponible del ICIO el beneficio empresarial del promotor (sujeto pasivo), pero no el beneficio empresarial del contratista; por el contrario, el segundo de los intervinientes en la controversia sostiene la interpretación exactamente contraria.

Dicho asunto ha llegado al TS por medio de un recurso de casación en interés de la ley deducido por el Ayuntamiento, pero inadmitido por concurrir un vicio insubsanable de forma; y ha sido considerado por el Alto Tribunal, a pesar de la concurrencia de ese vicio, en su recientísima STS de 1 de diciembre de 2011. El pronunciamiento del TS no puede ser más contundente: lo que el Ayuntamiento solicita, dice el mencionado órgano judicial, no es una interpretación del artículo 102.1 LHL, sino una modificación del precepto citado; y ello en la medida en que el precepto se pronuncia con la siguiente literalidad: “. . .no forma parte de la base imponible . . . el beneficio empresarial del contratista . . .”.

No estaría nada mal que de vez en cuando las Administraciones públicas atuvieran sus actuaciones al texto de la ley, evitando así tanta judicialización de sus relaciones con los ciudadanos.

José Ignacio Rubio de Urquía