Aunque la parte del nuevo sistema de financiación de las CCAA que ha “merecido” más debate “público” es la relativa a los aspectos estrictamente financieros de dicho nuevo sistema, no tiene menos trascendencia la parte de éste específicamente tributaria, tanto la comprensiva de los tributos propios como la comprensiva de los tributos cedidos. Las líneas generales de la reforma del régimen de cesión de tributos del Estado a las CCAA se contiene en el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, que ya ha iniciado su andadura por las Cortes Generales (Véase NOTA DE ACTUALIDAD 13: 15-9-09).

Y el desarrollo de esas líneas generales se contiene en el Proyecto de Ley por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, el cual también ha iniciado su andadura por las Cortes Generales. Según la Exposición de Motivos del aludido Proyecto de Ley, las novedades más importantes en la materia serían, muy sintéticamente expuestas, las siguientes:

-Se modifica el concepto de residencia habitual a efectos del ISD.
-En relación con el ITPAJD, se actualiza la definición del hecho imponible y se clarifica el punto de conexión en las anotaciones preventivas de embargo.
-En los tributos sobre el juego, se modifica el punto de conexión, como consecuencia de la supresión del régimen de autorización previa para la organización y celebración de las combinaciones aleatorias.
-Por lo que atañe al IDMT, se explicita que el punto de conexión es el domicilio fiscal de la persona o entidad a cuyo nombre se efectúa la primera matriculación.
-En cuanto al IRPF, se amplían las competencias normativas de las CCAA; y ello en dos aspectos importantes: en primer lugar, porque dichas competencias pueden alcanzar hasta el 50% del impuesto; y en segundo lugar, porque las CCAA podrán regular el mínimo personal y familiar.

En fin, también se amplían notablemente las posibilidades de que las CCAA asuman, por delegación del Estado, el conocimiento de las reclamaciones que se susciten en la aplicación de los tributos cedidos.

J.I.R.U.