A fin de situar la cuestión objeto de la presente NOTA en sus justos términos, procede comenzar estas breves reflexiones transcribiendo el apartado 2.a) del artículo 105 LHL, a cuyo tenor:

“2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:

a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de dichas entidades locales.”

En el presente caso, se trata de determinar si una empresa pública de una Comunidad Autónoma, de la Comunidad Autónoma de Cataluña concretamente, tiene derecho a disfrutar de la exención del IIVTNU prevista en el precepto transcrito. A tal fin, una reciente sentencia del TSJ de Cataluña, la sentencia de 23 de febrero de 2012, comienza por establecer, como pronunciamiento general, que para disfrutar del beneficio fiscal en cuestión no basta con que el sujeto pasivo forme parte de la Administración pública de la Comunidad Autónoma a la que pertenece sino que es necesario, además, que se trate de una entidad de carácter análogo al de los organismos autónomos del Estado.

Y partiendo de ese criterio, la sentencia analiza la normativa aplicable a la empresa pública solicitante de la exención, llega a la conclusión de que la misma no tiene el referido carácter y, consiguientemente, le deniega la exención del IIVTNU. Recuerda la sentencia, además, que está prohibida la interpretación analógica de las normas para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito material de los beneficios fiscales; recordatorio éste que merece ser destacado, por cuanto que empieza a ser infrecuente que las resoluciones judiciales se fundamenten en principios y normas generales del Derecho Tributario.

José Ignacio Rubio de Urquía