El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Valencia ha aprobado un Anteproyecto de Ley por el que, entre otras medidas, se prevé la creación de dos nuevos impuestos supuestamente medioambientales, se crea, a modo y semejanza de lo hecho recientemente por Cataluña, una tasa judicial autonómica y se aumenta la presión fiscal de los tributos cedidos, concretamente del IP y del ITP.

En cuanto a los nuevos impuestos supuestamente medioambientales, se trata en concreto de los dos siguientes: en primer lugar, un impuesto que grava las actividades que inciden en el medio ambiente; y en segundo lugar, un impuesto referido a la eliminación de residuos en vertederos:

-El primero de los dos impuestos reseñados grava, en concreto, las siguientes actividades: la producción de energía eléctrica; la producción, tenencia, depósito, almacenamiento y transporte de determinadas sustancias consideradas peligrosas en función de riesgos por accidentes graves; el almacenamiento de residuos radioactivos; y la emisión de determinados gases contaminantes a la atmósfera.

En cuanto al segundo de los impuestos más arriba reseñados, la cuantía del mismo varía en función de que se trate de residuos no peligrosos, de residuos de la construcción o de residuos peligrosos.

Además de los dos impuestos reseñados, y según lo adelantado, el Anteproyecto a que se viene haciendo referencia crea una tasa judicial por servicios personales y materiales, similar a la recientemente establecida por Cataluña, la cual, al igual que ésta, será compatible con la tasa estatal vigente desde hace años.

Finalmente, por lo que se refiere a los dos impuestos cedidos más arriba citados:

-En el ámbito del IP, se suprime para el periodo impositivo de 2012 la bonificación del 100% de la cuota del tributo, de forma que en ese periodo impositivo el impuesto será de aplicación efectiva, debiéndose ingresar la cuota correspondiente en 2013.

-En el ámbito del ITP, lo más destacado es el aumento del tipo de gravamen del impuesto aplicable a las transmisiones patrimoniales de bienes inmuebles, elevándolo hasta el 8%.

Cada vez es más evidente que nadie está dispuesto a reducir el descomunal gasto público que soportan los españoles, algunos españoles más bien; y que todos están dispuestos a aumentar la presión fiscal sobre los ciudadanos hasta donde haga falta, aún a riesgo de empobrecer más a una ya depauperada España.

José Ignacio Rubio de Urquía