En anterior NOTA DE ACTUALIDAD se anunció que el Gobierno de Canarias había aprobado un Anteproyecto de Ley por el que se adoptaba, entre otras medidas, la de creación y regulación de un Impuesto sobre el supuesto daño medioambiental causado por determinadas actividades, a semejanza de lo que ya han hecho algunas otras CCAA. Pues bien, en el “Boletín Oficial de Canarias” nº 124, de 26 de junio de 2012, se ha publicado la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, cuyo artículo 40 se dedica, precisamente, a la creación y regulación del tributo en cuestión, bajo el título de “Impuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre el Impacto Medioambiental Causado por Determinadas Actividades”.

A efectos meramente ilustrativos, la regulación del nuevo Impuesto canario contenida en el citado artículo 40 Ley 4/2012 es susceptible de ser sintetizada como sigue:

-El Impuesto se configura como un tributo de carácter extrafiscal y tiene por objeto la capacidad económica manifestada en la realización de determinadas actividades, a través de las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos a las mismas, que producen externalidades negativas por la incidencia, alteración o riesgo de deterioro medioambiental que ocasiona la realización de las actividades, sin asumir los correspondientes costes económicos y sociales. Las actividades de referencia son, en concreto, las siguientes:

· El transporte y/o distribución de electricidad por una red de alta tensión con el fin de suministrar a clientes finales o distribuidores, considerándose elementos afectos a las mismas las líneas, con tensión igual o superior a 20 kV, que cumplan funciones de transporte y/o distribución.

· La prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, considerándose elementos afectos a las mismas los elementos que conformen o sean susceptibles de conformar redes de telecomunicación que presten tales servicios.

-El hecho imponible del Impuesto está constituido por la generación de afecciones e impactos visuales y ambientales por la realización por el sujeto pasivo de actividades de transporte y/o distribución de electricidad por una red de alta tensión con el fin de suministrar a clientes finales o distribuidores o de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, con carácter de radiocomunicaciones, terrestres o satelitales, en las Islas Canarias.

-Con carácter general, el periodo impositivo coincide con el año natural y el Impuesto se devenga el 31 de diciembre de cada año.

-Es sujeto pasivo del Impuesto, a título de contribuyente, la persona o entidad que desarrolle la actividad constitutiva del hecho imponible.

-La base imponible está constituida:

· Tratándose de la actividad de transporte y/o distribución de electricidad, por la extensión del tendido eléctrico expresada en kilómetros lineales.

· Tratándose de la actividad de servicios de comunicaciones electrónicas, por el número de torres y mástiles, antenas, paneles y otros elementos radiantes.

-La cuota íntegra del Impuesto se determina:

· En el caso de la actividad de transporte y/o distribución de electricidad, en función del tipo de tensión de la línea, multiplicando el número de kilómetros de la misma por una cantidad en euros.

· Tratándose de la actividad de servicios de comunicaciones electrónicas, a razón de 500 euros por cada torre o mástil, antena, panel u otro elemento radiante.

-Se prevé una deducción por inversiones relacionadas con la protección del medio ambiente, la cual se aplica sobre la cuota íntegra. Así, el sujeto pasivo tiene derecho a deducir el 60% del precio de adquisición o coste de producción de las inversiones que efectivamente haya realizado durante el periodo impositivo en bienes o derechos del inmovilizado material o intangible, situados o destinados dentro del ámbito territorial del Impuesto, que se dirijan a adoptar medidas preventivas, correctoras o restauradoras de los efectos negativos de la contaminación en el medio natural y territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. El importe de esta deducción no puede exceder del 45% del importe de la cuota íntegra del Impuesto.

-El Impuesto se gestiona a partir de un padrón que ha de elaborar la administración tributaria canaria con los datos que obren en su poder o sean declarados por el sujeto pasivo en los términos que reglamentariamente se establezcan, practicándose con fundamento en dicho padrón la liquidación correspondiente. La norma también prevé el ingreso de pagos fraccionados.

En fin, como ya se ha dicho en anterior NOTA DE ACTUALIDAD, este nuevo Impuesto, unido al aumento del IGIC, además de que no va a tener incidencia significativa alguna en la reducción del gigantesco déficit de la Comunidad Autónoma de Canarias, va a propiciar una mayor intensificación de la ya muy deprimida actividad económica de la región.

José Ignacio Rubio de Urquía