La vigente redacción del artículo 25 LHL dispone lo siguiente:

“Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquéllos, respectivamente.”

Pues bien, el apartado Uno del artículo 14 del Proyecto de Ley por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, publicado en el “Boletín Oficial de las Cortes Generales –Congreso de los Diputados- de 4 de octubre de 2012, añade un párrafo segundo al precepto transcrito, a cuyo tenor:

“No resultará preciso acompañar el informe técnico-económico a que se refiere el párrafo anterior cuando se trate de la adopción de acuerdos motivados por revalorizaciones o actualizaciones de carácter general ni en los supuestos de disminución del importe de las tasas, salvo en el caso de reducción sustancial del coste del servicio correspondiente.”

Se trata de una modificación algo misteriosa, ya que si se opera una revalorización o actualización de carácter general, no sería necesario, en principio, la adopción de acuerdo alguno. Y si tal revalorización o actualización la propicia el propio acuerdo, que no es lo que dice la norma proyectada, la inexigibilidad de informe técnico-económico carece de fundamento.

José Ignacio Rubio de Urquía