En su día, la Comunidad Autónoma de Extremadura creó y reguló un Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito, el cual ha sido declarado conforme al orden constitucional por STC 210/2012, de 14 de noviembre (véase la NOTA DE ACTUALIDAD 175). Antes de ese pronunciamiento del TC, el mismo tributo fue establecido por otras CCAA, caso de Andalucía y Canarias; actuación esa que se ha extendido tras lo declarado por el Alto Tribunal, como es de ver en Cataluña (véase la NOTA DE ACTUALIDAD 177).

Ahora es Asturias quien se sube al carro del impuesto a la banca; y ello por medio de la Ley del Principado de Asturias 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2013. Sucede, empero, que el hecho imponible del tributo de referencia ha sido “ocupado” por el Estado con un impuesto propio (véase la NOTA DE ACTUALIDAD 180), debiendo dar lugar ello a la activación del mecanismo previsto en el artículo 6.2 LOFCA. Pero tal activación no va a ser posible en esta ocasión, pues la regulación estatal del impuesto prevé que aquélla solo opera respecto de los tributos autonómicos establecidos por leyes aprobadas con anterioridad al 1 de diciembre de 2012, requisito éste que no concurre en el caso que se considera.

¡Qué esperpento! Las CCAA juegan a la ruleta rusa con su poder tributario; el TC les anima; el Estado pretende frenar tan peligroso ejercicio; y el resultado de todo ello queda atrapado en una especie de limbo, en el que lo único que se sabe con certeza es que el contribuyente existe. ¡Qué esperpento!

José Ignacio Rubio de Urquía