Siguiendo la senda trazada por Cataluña, mediante Ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre, la Comunidad Foral de Navarra estableció en aquel año de 2001 el Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales (IGEC); y contra los preceptos reguladores de ese impuesto, el Presidente del Gobierno interpuso el recurso de inconstitucionalidad nº 1336-2002.

A la vista de la interposición del indicado recurso, la Comunidad Foral de Navarra decidió no aplicar el impuesto, si bien se trató de una decisión de “facto” ya que la misma se articuló por medio del sencillo método de no dictar la normativa reglamentaria necesaria para la exacción del tributo.

Al igual, también, que lo acaecido con el IGEC catalán, por STC 208/2012, de 14 de noviembre, el TC ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad de referencia (véase la NOTA DE ACTUALIDAD 174: 4-12-2012). Y a la vista de este pronunciamiento del TC, la Comunidad Foral de Navarra ha decidido iniciar la aplicación del impuesto, decisión ésta igualmente fáctica, articulada por el sencillo método de aprobar la normativa reglamentaria necesaria para la exacción del tributo.

Así, en el “Boletín Oficial de Navarra” de 17 de enero de 2013 se ha publicado la “Orden Foral 1061/2012, de 24 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se dictan las normas reguladoras de la elaboración del padrón y del sistema de gestión del impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales para el año 2012, en desarrollo de la Ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales, y se aprueba el modelo 910”.

Son varias las peculiaridades que se advierten en la norma citada, de entre las cuales destacan las dos siguientes:

-En primer lugar, resulta que la Orden Foral dispone la aplicación del IGEC desde el año 2012, siendo el caso que la misma se ha publicado en 2013, es decir, con posterioridad al devengo del impuesto correspondiente a ese ejercicio, de donde se está ante un supuesto de retroactividad constitucionalmente prohibida.

-En segundo lugar, resulta que la Orden Foral exige a los sujetos pasivos del impuesto que declaren, entre otra información:

· La composición y titularidad del capital social del titular del establecimiento comercial de que se trate.

· La cuota de participación del titular del establecimiento comercial de que se trate en el sector de la distribución comercial dentro y fuera de la Comunidad Foral de Navarra.

Es evidente que estas dos exigencias de información son impertinentes, completamente innecesarias para la aplicación del impuesto y, consiguientemente, ilegales; ahora bien, ¿porqué quiere disponer de esa información la Administración tributaria navarra? ¿Será, quizá, que no es la Administración tributaria, precisamente, quien quiere disponer de la información en cuestión? ¡Cáspita!

José Ignacio Rubio de Urquía