Algunos nunca hemos albergado dudas acerca de la naturaleza tributaria, concretamente de la naturaleza de tasa, de las prestaciones patrimoniales exigidas por los Entes públicos como contraprestación por la utilización o el suministro de agua; criterio éste que hemos mantenido durante todos estos años a pesar del gran esfuerzo que se ha realizado, y se sigue realizando, desde determinados ámbitos para consolidar en la norma positiva, en la doctrina científica y en la jurisprudencia la opinión contraria.

El debate no ha tenido nunca un interés meramente académico, por así decirlo, pues de haberlo tenido, en los aludidos ámbitos nadie se habría molestado en “poner tanta carne en el asador”, carne de muchas clases. En efecto, el debate ha tenido enorme trascendencia práctica, ya que dependiendo de la naturaleza que se atribuya a las exacciones de referencia, el establecimiento de éstas, así como su cuantificación y aplicación, queda situado dentro o fuera del ámbito tributario, con todo lo que ello implica.

Fue la doctrina sentada por el TC en la STC 185/1995 la que proveyó de gran sustento al criterio por nosotros mantenido; ha sido esa doctrina la que ha inducido la actuación subsiguiente del legislador; y han sido las consecuencias de esa doctrina y de esa acción legislativa las que están obligando a quienes sostienen el criterio contrario a forzar la máquina con todo tipo de maniobras.

No parece, empero, que las maniobras de referencia estén consiguiendo frenar el avance inercial de la consideración como tasa de las prestaciones patrimoniales relacionadas con la utilización y el suministro de agua, de lo que dan fe, cada vez con más frecuencia, los pronunciamientos jurisprudenciales que se vienen estableciendo al respecto, de entre los que podemos citar, entre muchos otros, algunos muy recientes en los que ni siquiera se suscita duda alguna acerca de la condición de tasa que tienen dichas prestaciones. Así:

-En la sentencia nº 1283/2013, de 1de abril de 2013, el TSJ de Andalucía, sede de Granada, alude reiteradamente a la condición de tasa que tiene la prestación patrimonial que exigen los Ayuntamientos por el servicio de suministro de agua, sin considerar en momento alguno ninguna otra posibilidad.

-En la sentencia de 17 de mayo de 2013, el TS afirma inequívocamente la condición de tasa que tienen los llamados “cánones de regulación y utilización de agua” que exige el Estado.

-En la Sentencia de 17 de junio de 2013, la AN, al conocer de un asunto relacionado con la aplicación de la “tarifa de utilización de agua” que exige el Estado, tampoco duda en momento alguno acerca de la naturaleza de esa exacción, calificando expresamente de tasa a dicha “tarifa”.

En fin, como vemos, va calando la idea de que las exacciones relacionadas con la utilización y el suministro de agua tienen la naturaleza de tasa. Ahora solo falta que la idea cale del todo, de forma que se obligue a los Entes públicos a establecer y exigir esas tasas conforme a su naturaleza tributaria, respetando el principio de reserva de ley, especialmente en lo atinente a la cuantificación del tributo.

José Ignacio Rubio de Urquía