Los Entes territoriales, véase Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, están explotando cada vez con más intensidad yacimientos de materias imponibles denotativas, presuntamente, de capacidad económica de muy grandes empresas con actividad en todo el territorio nacional. De esta forma, una misma entidad queda sujeta a un mismo tributo autonómico en varias o todas las Comunidades Autónomas o a un mismo tributo local en centenares, incluso miles, de Municipios.

Cuando el sujeto pasivo en cuestión decide impugnar el tributo de que se trate, se encuentra en un supuesto de multitributación en el que está obligado a promover tantos contenciosos como hechos imponibles realiza en cada Comunidad Autónoma o Municipio, lo que le plantea una cantidad ingente de problemas, entre otros el de las medidas cautelares, que es el que aquí interesa.

Sucede, en efecto, que al ser solicitado el mantenimiento en vía jurisdiccional de la suspensión de las liquidaciones del tributo ganada en vía administrativa, los órganos jurisdiccionales sólo consideran el importe de la concreta liquidación objeto de cada litigio, la cual, en sí misma considerada, resulta ser, en casi todos los casos, poco relevante en comparación con las magnitudes “financieras” del sujeto pasivo.

Ahora bien, si se considera el conjunto de las cuotas exigidas en todo el territorio nacional, en tal caso el panorama se transforma radicalmente, resultando que la suma de todas esas cuotas viene a representar una cantidad verdaderamente impresionante en relación a dichas magnitudes financieras. Así, en este otro escenario la denegación de la medida cautelar de suspensión de la concreta liquidación objeto de cada litigio entraña un mucho mayor grado de dificultad a la hora de su motivación.

El problema a que se viene haciendo referencia es tan evidente que algunos órganos jurisdiccionales, a la hora de resolver sobre las solicitudes de suspensión, ya están tomando en consideración el conjunto de las liquidaciones a las que ha de hacer frente el sujeto pasivo en todo el territorio nacional, no sólo la liquidación objeto del litigio contemplado en cada caso. Así, por ejemplo: las SSTSJ de Cataluña números 877/2012, de 20 de septiembre, y 985/2013, de 3 de octubre; y la STSJ de Extremadura número 171/2013, de 9 de octubre.

Ciertamente, la multitributación es uno de los muy graves problemas derivados de la insostenible organización territorial del Estado, el cual carece de la más mínima atención en el ordenamiento jurídico español, de forma que mientras subsista ese “statu quo” corresponde a Jueces y Tribunales ir introduciendo racionalidad jurídica en el sistema.

José Ignacio Rubio de Urquía