El vigente régimen de beneficios fiscales aplicable a la Iglesia Católica quedó establecido en el Acuerdo del Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979. Con posterioridad a ello, la Ley 39/1988, actualmente integrada en el Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 (LHL), creó y reguló el actual sistema tributario local.

De los cinco impuestos municipales creados en 1988, sólo era verdaderamente nuevo, en realidad, el ICIO, siendo ésta la circunstancia, precisamente, que ha venido dificultando tanto su encaje en el citado Acuerdo, especialmente en lo referente a la concreción de los términos en los que la Iglesia Católica resulta exenta del tributo en cuestión.

La gran litigiosidad suscitada en torno al asunto objeto de consideración tuvo un primer intento de solución por medio de una norma interpretativa y aclaratoria del artículo IV del Acuerdo, la Orden del Ministerio de Hacienda de 5 de junio de 2001, por virtud de la cual quedó establecido que estaban exentos del ICIO todas las construcciones, instalaciones y obras realizadas en inmuebles de la Iglesia, aún cuando éstos no estuviesen destinados al culto.

Sin embargo, la litigiosidad continuó, dando lugar a una segunda norma interpretativa y aclaratoria, la Orden EHA/2814/2009, de 15 de octubre, por medio de la cual se restringió la interpretación anterior, disponiéndose que la exención sólo alcanza a las construcciones, instalaciones y obras realizadas en inmuebles destinados al culto, quedando fuera de su alcance los que estén afectos a actividades económicas.

Ahora, el TSJ de Madrid, en una sentencia muy didáctica e interesante, cuya lectura se recomienda (STSJ de Madrid nº 1165/2013, de 25 de septiembre de 2013: recurso de apelación nº 1362/2012), viene a establecer que la citada Orden EHA/2814/2009, al haber alterado el ámbito material de la exención, carece de eficacia retroactiva a pesar de su carácter interpretativo y aclaratorio, no resultando de aplicación, en consecuencia, a los hechos imponibles del ICIO realizados con anterioridad.

Además de la proyección de ese pronunciamiento sobre los pleitos todavía pendientes de resolución firme, ¿sería posible explorar la vía de los ingresos indebidos? ¡Nunca se sabe!

José Ignacio Rubio de Urquía