Siguiendo la senda trazada por otras Comunidades Autónomas, mediante Ley 9/2011, Castilla-La Mancha creó y reguló el denominado “Canon Eólico”, es decir, creó y reguló un vulgar impuesto que grava, sin más, la producción de energía eólica.

A fin de posibilitar la aplicación del tributo, la Administración castellano-manchega, mediante Orden de 18 de mayo de 2011, aprobó la correspondiente normativa reglamentaria; disposición de carácter general esa que fue impugnada por una patronal eléctrica.

En el recurso contencioso-administrativo se adujo, entre otros motivos de impugnación, que en la aprobación de la citada Orden se había infringido el procedimiento legalmente establecido al efecto. Pues bien, ahora, el TSJ de Castilla-La Mancha, en Sentencia nº 7/2014, de 13 de enero de 2014, ha venido a estimar esa pretensión, anulando la Orden recurrida.

Aunque todavía no se puede fijar el exacto alcance de la anulación de referencia, el cual depende en gran medida de que la Sentencia que nos ocupa adquiera firmeza o, por el contrario, sea recurrida en casación por la Comunidad Autónoma, es lo cierto que ya está servido el lío de la validez de las liquidaciones practicadas con fundamento en la Orden anulada, eso sí, siempre que dichas liquidaciones hayan sido objeto de impugnación en su día y no hayan adquirido firmeza ellas mismas.

José Ignacio Rubio de Urquía