Si bien es cierto que el IAE vino a sustituir principalmente a las antiguas Licencias Fiscales, no es menos cierto que aquel impuesto tuvo la función, también, de integrar en su estructura el objeto del antiguo Impuesto Municipal sobre la Radicación, así como la de conciliar en su ámbito los principios de reserva de ley en materia tributaria, autonomía local y suficiencia financiera de las Haciendas Locales conforme a lo ordenado por el TC a este respecto.

En la regulación original del tributo (Ley 39/1988), la consecución de esos fines fue atribuida, entre otros mecanismos, al entonces denominado “índice de situación”, magnitud ésta por medio de la cual los Ayuntamientos podían graduar la cuota de tarifa del impuesto, aumentada o no por el entonces denominado “coeficiente de incremento”, en función de la categoría de la calle del Municipio en la que radicara el local en el que se ejerciera la actividad económica correspondiente.

La aprobación de los callejeros fiscales necesarios para la aplicación del “índice de situación” dio lugar a un sin fin de litigios, dada la arbitrariedad con la que, en muchas ocasiones, las Ordenanzas fiscales establecían las categorías de calles y se asignaban éstas a las vías públicas del Municipio. Esta anomalía, permítase la expresión, no ha cesado tras la “reforma” operada en la materia, bajo el imperio del vigente “coeficiente de situación” regulado en el artículo 87 LHL.

Pues bien, muchos de esos litigios terminaron en el TS, donde se ha ido construyendo una sólida y abundante doctrina según la cual la clasificación de las vías públicas del Municipio y la asignación a éstas de la respectiva categoría y “coeficiente de situación” son actuaciones que, sin perjuicio del principio de autonomía local y de la potestad reglamentaria de los municipios, están sujetas a control jurisdiccional y deben estar suficientemente motivadas y justificadas.

Como ya se ha dicho, la situación de litigiosidad no ha cesado en el ámbito de la vigente regulación de la materia (“coeficiente de situación”: art. 87 LHL), pero la doctrina del TS permanece inalterada. Y buena prueba de ello es la reciente STS de 5 de junio de 2009, en la que el Alto Tribunal reitera su consolidada jurisprudencia y anula, en consecuencia, la modificación de un callejero fiscal que carecía de motivación y de justificación y que tenía por finalidad principal, al parecer, asignar coeficientes más elevados a las vías públicas en las que están radicadas las industrias más importantes de la ciudad.

J.I.R.U.