Desde siempre, incluso desde los viejos tiempos del antiguo Impuesto Municipal sobre la Radicación, muchos Ayuntamientos han hecho recaer casi todo el peso del coeficiente de situación, el coeficiente actualmente regulado en el artículo 87 LHL, sobre los locales radicados en calles situadas en los polígonos y zonas industriales de los Municipios, beneficiando así a los comerciantes y pequeños empresarios ubicados en zonas céntricas, principalmente debido a la condición de votantes de tales comerciantes y pequeños empresarios.

Semejante práctica, demasiado tolerada por no pocos órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha adquirido un nuevo “empuje”, digamos, desde que a partir del 1 de enero de 2003 las personas físicas y las entidades con una cifra de negocio inferior a un millón de euros dejaron de tributar por IAE; medida ésta, dicho sea de paso, aberrante donde las haya, cuyas nefastas consecuencias están sufriendo todavía en el IBI muchos pequeños propietarios que no son empresarios ni nada que se les parezca.

Con ocasión del conocimiento de un supuesto en el que un Ayuntamiento clasifica las calles del Municipio en dos categorías, adscribiendo a la primera categoría las calles situadas en polígonos y zonas industriales y a la segunda categoría las restantes calles del Municipio, y asignando a la primera categoría un coeficiente de 2,3 y a la segunda uno de 2, el TS ha vuelto a pronunciarse sobre la regulación que del coeficiente de situación deben hacer los Ayuntamientos en las Ordenanzas fiscales del IAE.

Así, de la STS de 20 de junio de 2014 (casación 1665/2012), son de destacar algunos de sus pronunciamientos, en los que se advierten matices nuevos, a saber:

-Recuerda el TS que la categorización de las calles del Municipio y la asignación de coeficientes a las distintas categorías tienen que ser actuaciones suficientemente motivadas. Así, se exige especificar el criterio o dato concreto que determina la categorización y asignación de índices a cada una de las calles. Es preciso que figuren los datos de cada categoría de calle: los datos urbanísticos (pavimentación y acerado), los de servicios (alumbrado y alcantarillado), los comerciales (existencia de numerosos locales comerciales), los valores catastrales, el valor medio de repercusión comercial … Hay que saber el grado de influencia de cada uno de dichos factores en la clasificación de las calles.

-También recuerda el TS que las características de las actividades desarrolladas y las de los propios locales, como indicadoras de su capacidad económica, ya son tenidas en cuenta al fijar las Tarifas correspondientes a cada uno de los Epígrafes de éstas, por lo que no cabe que, a su vez, sean determinantes del coeficiente de situación del artículo 87 LHL.

-Con independencia de la ponderación formal de la categorización de calles y de la asignación de coeficientes, dice el TS, no parece razonable considerar que la localización física de un polígono industrial deba conducir a la aplicación de un mayor coeficiente de situación por considerar que tiene una mejor situación física, cuando lo lógico parece ser lo contrario, ya que, normalmente, los polígonos y zonas industriales se encuentran a las afueras de los Municipios y, precisamente, los mayores servicios (alumbrado, alcantarillado, vigilancia, recogida de basuras, etc. …), valores catastrales, valores medios de repercusión comercial, etc. … corresponden a las zonas comerciales céntricas y no a las zonas industriales situadas en las afueras de los Municipios.

-En fin, dice el TS que lo razonable es que tengan un mayor índice de situación las calles que reciban un mayor número de servicios, a saber, recogida diaria de basuras, vigilancia policial permanente, alumbrado y elementos estéticos destacables, etc., lo que habitualmente se corresponde con zonas céntricas y comerciales, y menor índice las zonas periféricas, donde estos servicios, aún existentes, son menos intensos.

Haciendo un esfuerzo, podría comprenderse que los Ayuntamientos sigan regulando el coeficiente de situación de espaldas a la jurisprudencia del TS, pero no se puede ni debe comprender que muchos órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa continúen mostrándose remisos a la aplicación de esa jurisprudencia en todos sus términos y con todas sus consecuencias. Es de esperar, empero, que pronunciamientos como el aquí reseñado, verdaderamente claros y nada misteriosos, coadyuven al arraigo, por fin y en todos los ámbitos, de la auténtica naturaleza y función del coeficiente de situación dentro del IAE.

De momento, quedémonos con dos ideas: primera, las características del local o establecimiento no pueden determinar la categorización de la calle en la que el mismo está situado ni la asignación del coeficiente de situación; y segunda, no es razonable que los establecimientos o locales radicados en calles situadas en polígonos o zonas industriales paguen más por IAE que los radicados en calles situadas en zonas céntricas del Municipio. Dos ideas claras y concretas, pero que, al parecer, y no se sabe porqué, resultan de difícil aplicación.

José Ignacio Rubio de Urquía