Por Ley 7/1997, la Comunidad Autónoma de Extremadura creó el Impuesto sobre Instalaciones que Incidan en el Medio Ambiente, cuyo régimen legal fue declarado inconstitucional por la STC 179/2006.

En un principio, el impuesto en cuestión había sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno y de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJ de Extremadura

En 2005, la Administración del Estado y la de la Comunidad Autónoma alcanzaron un acuerdo conforme al cual, si Extremadura procedía a la modificación del régimen legal del impuesto en determinado sentido, el Presidente del Gobierno desistiría del recurso de inconstitucionalidad.

La modificación requerida fue operada por Ley 8/2005, procediéndose, seguidamente, a llevar a efecto el indicado desistimiento, si bien la cuestión de inconstitucionalidad continuó su tramitación, siendo ésta, ya se ha dicho, la que fue resuelta por la antes citada STC 179/2006.

No obstante la modificación de referencia, y a pesar de ella, los sujetos pasivos del tributo extremeño han continuado oponiéndose al mismo, pero el TSJ de Extremadura ya no ha atendido ninguna petición de planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad, ni, tampoco, de planteamiento de cuestión prejudicial de derecho comunitario europeo, respecto del régimen legal modificado del impuesto.

La oposición de los sujetos pasivos del impuesto ha llegado hasta el TS, el cual, al resolver un recurso de casación promovido por una empresa del sector de las telecomunicaciones (casación 939/2013), ha dictado la STS de 3 de julio de 2014, por medio de la cual se declara la legalidad del impuesto extremeño modificado y se rechaza la solicitud de planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad y de cuestión prejudicial de derecho comunitario europeo.

Es evidente que el “pacto” alcanzado en 2005 está surtiendo plenos efectos; y con ello se da otra vuelta de tuerca a la consolidación de una “fiscalidad medioambiental” del todo falaz.

Dicho todo lo anterior, dígase seguidamente que la STS a que se viene haciendo referencia obvia por completo el ATS de 4 de junio de 2013 (casación 5971/2010), por medio del cual la Sala Tercera del Alto Tribunal tiene planteada ante el TC una cuestión de inconstitucionalidad respecto de la parte del régimen legal del impuesto extremeño referida a las actividades de producción, almacenaje o transformación de energía eléctrica.

¿Debe entenderse excluida, entonces, de la declaración de legalidad del tributo extremeño establecida en la STS de 3 de julio de 2014 la modalidad del mismo que grava las indicadas actividades de producción, almacenaje o transformación de energía eléctrica? A saber.

José Ignacio Rubio de Urquía