Se trata del caso de una empresa de construcción naval, constituida como sociedad anónima de capital íntegramente público, uno de cuyos astilleros está situado en una parcela propiedad del Ministerio de Defensa, que aquélla utiliza en virtud de una cesión de uso. En consecuencia con ello, el sujeto pasivo del IBI es el Estado, no teniendo nada que ver la empresa de construcción naval con la relación jurídico-tributaria correspondiente.

Con fundamento en el artículo 62.1.a) LHL, el Ministerio de Defensa solicitó la exención del impuesto; y parece que la misma le fue reconocida por el TSJ de la Comunidad Autónoma, si bien el asunto volvió a un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, el cual decidió plantear ante el TJUE una cuestión prejudicial de derecho comunitario europeo sobre la posible consideración de la exención como una ayuda de Estado prohibida por el artículo 107.1 TFUE.

Pues bien, la cuestión prejudicial planteada ha sido resuelta por Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Séptima) de 9 de octubre de 2014 (asunto C-522/13). Y en el CONSIDERANDO 56 de esa Sentencia, el TJUE se ha pronunciado como sigue:

“56 Habida cuenta de todas las consideraciones precedentes, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una ayuda de Estado, prohibida con arreglo a dicha disposición, la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de una parcela de terreno perteneciente al Estado y puesta a disposición de una empresa de la que éste posee la totalidad del capital y que, en esa parcela, produce bienes y presta servicios que pueden ser objeto de intercambios comerciales entre los Estados miembros en mercados abiertos a la competencia. No obstante, incumbe al Juzgado remitente comprobar si, tomando en consideración todos los elementos pertinentes del litigio del que conoce, apreciados a la luz de los criterios interpretativos aportados por el Tribunal de Justicia, tal exención debe calificarse de ayuda de Estado en el sentido de la citada disposición.”

Se está, sin duda, ante un caso algo singular; pero ¿cuántos casos singulares no habrá en la cada vez más tupida maraña de beneficios fiscales en los tributos locales?

José Ignacio Rubio de Urquía