En una primera aproximación a la materia, pudiera parecer que estas líneas adolecen de reiteración, ya que la cuestión relativa a la tasa que los Ayuntamientos vienen exigiendo a las empresas de telefonía móvil por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal ya ha sido objeto de tratamiento en las NOTAS DE ACTUALIDAD 2 (Refª 2: 9-6-09) y 12 (Refª 12: 8-9-09). Es el caso, sin embargo, que la enorme trascendencia del asunto, tanto cuantitativa como cualitativa, merece toda la atención que se le pueda prestar.

Así, el origen y la esencia de la cuestión quedaron expuestos en la citada NOTA DE ACTUALIDAD 2, procediendo recordar ahora que el TS ha establecido que las empresas de telefonía móvil hacen uso del dominio público municipal; que, en consecuencia con ello, están sujetas a la correspondiente tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de ese dominio público; que no les es de aplicación, sin embargo, el régimen especial de cuantificación de ese tipo de tasas o “tasa del uno y medio por cien”; que se les debe aplicar el régimen general de cuantificación de dichas tasas; y que de tal aplicación no puede resultar una cuantía equivalente a la que arrojaría la aplicación del régimen especial, sino una cuantía que responda al valor de la utilidad derivada de la utilización privativa o aprovechamiento especial efectivamente realizado por la empresa.

Con fundamento en la doctrina del TS sintéticamente expuesta, el TSJ de Madrid, al igual que muchos otros TSJ, comenzó a anular Ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa exigible a las empresas de telefonía móvil, de lo que se ha dado cuenta en la antes citada NOTA DE ACTUALIDAD 12, pues dichas Ordenanzas venían a establecer, en realidad, un gravamen de resultado análogo a la “tasa del uno y medio por cien”, es decir, de resultado análogo al excluido por el párrafo tercero del artículo 24.1.c) LHL. Y finalizaba esa NOTA DE ACTUALIDAD 12 con la siguiente formulación: “El plato fuerte llegará cuando el TSJ en cuestión -refiriéndose al TSJ de Madrid- se pronuncie en relación con la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Madrid”.

Pues bien, el aludido plato fuerte ya ha llegado, y lo ha hecho en forma de STSJ de 29 de octubre de 2009, por medio de la cual ha quedado anulada la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Madrid reguladora de la tasa por la ocupación que del dominio público municipal hacen las empresas de telefonía móvil. Salvo que en un futuro el TS reoriente su actual doctrina, el legislador haría mal en no dotar de estabilidad a esta materia, procurando conciliar posturas, pues en caso contrario la litigiosidad va a ser insoportable.

J.I.R.U.