Con el fin de neutralizar la proliferación de impuestos autonómicos sobre los depósitos de las entidades de crédito, dinámica ésta iniciada con el impuesto extremeño y alentada por la STC 210/2012, que declaró la constitucionalidad del citado tributo, el Estado, por medio del artículo 19 de la Ley 16/2012, creó y reguló su propio impuesto de ese tipo, dotándole de una cuota cero y disponiendo que solo se podrían beneficiar de las medidas de compensación previstas en el artículo 6.2 LOFCA las Comunidades Autónomas que tuviesen establecido el tributo con anterioridad al 1 de diciembre de 2012.

La Comunidad Autónoma de Cataluña, que había establecido el impuesto con posterioridad a la fecha indicada, pero antes de que el Estado estableciera el suyo propio, interpuso contra éste el recurso de inconstitucionalidad que acaba de ser resuelto por la STC 26/2015, de 19 de febrero (BOE de 16 de marzo de 2015). El recurso catalán se fundamentó, principalmente, en dos alegatos, a saber: de un lado, la inconstitucionalidad de la creación de tributos con cuota cero; de otro, la inconstitucionalidad de la exclusión de las medidas compensatorias de las Comunidades Autónomas con impuestos creados con posterioridad al 1 de diciembre de 2012.

Pues bien, en la STC que se considera, el Tribunal Constitucional ha rechazado los dos motivos de impugnación indicados, declarando la constitucionalidad del impuesto estatal. La sentencia ha recibido un voto particular, al que se han adherido, junto al magistrado autor del mismo, otros cuatro magistrados, y al que nos remitimos.

José Ignacio Rubio de Urquía