Siguiendo la senda trazada por Extremadura, y con el aliento de la STC 210/2012 constitucionalizadora del Impuesto extremeño de igual tipo al de referencia, la Comunidad Autónoma de Valencia, por medio del artículo 161 de la Ley 5/2013, creó y reguló un Impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito, el cual acaba de ser declarado inconstitucional por la STC 30/2015, de 19 de febrero (BOE de 16 de marzo de 2015).

Dada la existencia previa de un impuesto estatal análogo, el creado por Ley 16/2012, cuya constitucionalidad acaba de ser declarada por la STC 26/2015 (véase la NOTA DE ACTUALIDAD 242), el Tribunal Constitucional ha considerado que el tributo valenciano infringe el límite a la potestad tributaria autonómica fijado en el artículo 6.2 LOFCA. La sentencia ha recibido un voto particular, al que se han adherido, junto al magistrado autor del mismo, otros dos magistrados, y al que nos remitimos.

José Ignacio Rubio de Urquía