La Comisión de Expertos creada en febrero de 2017 para estudiar y proponer una reforma del sistema de financiación local ha rendido su informe el 26 de julio último, visto el cual se observa que, por lo que a la materia tributaria se refiere, el mismo considera la totalidad de ésta, dedicando su parte preliminar, por así llamarla, a ciertas generalidades, a saber:

Lo primero que llama la atención es la propuesta de una reforma limitada a la actualización del sistema tributario local implantado por la Ley 39/1988, cuando habría merecido la pena, a nuestro juicio, proponer la implantación de un sistema tributario local nuevo, despojado de todos los condicionantes negativos que lastraron la construcción de aquél de 1988.

Es interesante observar cómo en su introducción el Informe alude a la “complejidad y fragmentación” de la Administración local española, auténtico obstáculo en cualquier camino que pretenda conducir a un escenario de racionalidad tributaria en el mundo local. Y también se advierte en esa introducción una referencia a otro aspecto clásico de la cuestión, cual es la necesidad de delimitar con claridad las competencias de las distintas Administraciones, de forma que pueda superarse la situación de duplicidad de actuaciones, especialmente presente desde la instauración del régimen de Comunidades Autónomas.

También alude el Informe a la necesidad de cesar en el vicio de atribuir a la Administración local competencias nuevas, pero sin dotarle de la financiación correspondiente. Y tampoco se olvida el documento de pedir, casi por favor, que el Estado no se dedique a establecer beneficios fiscales en los tributos locales sin aportar, simultáneamente, la financiación supletoria imprescindible. Soñar era gratis en 1988, y lo sigue siendo en 2017.

El Informe reconoce, como no puede ser de otra forma, el grave problema de la gran cantidad de pequeños y muy pequeños, mínimos, Municipios existentes en España, con la enorme trascendencia que ello tiene a la hora de intentar estructurar un sistema tributario racional. En este ámbito, es de aplaudir la gran defensa que de las Diputaciones provinciales hacen los Expertos, como entes imprescindibles para paliar esa situación, y ello en un momento en el que desde muy distintas orientaciones políticas se aboga, haciendo alarde de mucha ignorancia y más demagogia, por la supresión de tales entes.

Así, el Informe opta por mantener la estructura del vigente sistema tributario local, actualizando y reformando algunas de sus figuras, creando nuevos espacios tributarios, pocos, y defendiendo mayoritariamente la limitación de beneficios fiscales, lo que ya se hizo en 1988 pero se ha deshecho con el transcurso del tiempo.

(Continúa en la NOTA siguiente)

José Ignacio Rubio de Urquía