La Comisión de Expertos creada en febrero de 2017 para estudiar y proponer una reforma del sistema de financiación local ha rendido su informe el 26 de julio último, visto el cual se observa que, por lo que a la materia tributaria se refiere, el mismo considera la totalidad de ésta, dedicando al IVTM las siguientes consideraciones:

Se sugiere que se introduzca la posibilidad de que al administrado se le permita aportar la prueba en contrario a efectos de considerar el vehículo no sujeto para aquellos supuestos más claros de imposibilidad material o formal del vehículo para circular por las vías públicas.

Se propone una adaptación legislativa coherente con la normativa social, reconociendo la situación de incapacidad permanente total o absoluta, así como la gran invalidez como «discapacitado», a efectos de su consideración como supuestos de exención en el Impuesto.

Razones de justicia tributaria, dicen los Expertos, invitan a que el legislador grave aquellos supuestos más claros de titularidades reales y no sólo registrales, incluyendo la posibilidad de admitir la prueba en contrario en algún supuesto tasado que contemple la Ley.

Se propone que la tarifa del tributo se configure mediante dos elementos: un componente patrimonial (cuota fija) que atenderá a compensar el uso del titular del vehículo de las infraestructuras municipales, y un componente extrafiscal (cuota variable) en función de la eficiencia ambiental del vehículo, graduando el tipo en función del nivel de contaminación que produce.

Se aconseja suprimir la bonificación del 100 por 100 para los vehículos históricos o aquellos que tienen una antigüedad mínima de 25 años, de los cuales ha de presumirse producen, junto a contaminación acústica, un nivel importante de emisiones de monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx) a la atmósfera.

Se propone la inclusión de un nuevo supuesto de prorrateo de cuota en aquellos casos que se produzca una baja del vehículo por exportación.

Se considera necesaria la modificación del punto de conexión para la exacción del impuesto, fijando la competencia a través de unas reglas más coherentes, con el objeto de atribuir cierta correspondencia entre los ingresos generados con ocasión del pago del tributo con los gastos en que incurre cada Municipio en función del uso del vehículo en su demarcación territorial.

Son propuestas razonables, pero algunas de ellas serán difíciles de implementar, como, por ejemplo, la que se refiere a la modificación del punto de conexión del impuesto.

(Continúa en la NOTA siguiente)

José Ignacio Rubio de Urquía