Así quedó titulada la NOTA 193, a la que nos remitimos, cuando era evidente que por efecto del régimen jurídico derivado de la aplicación del artículo 155 CE las impugnaciones que pudieran formularse contra la nueva normativa reglamentaria reguladora del IGEC catalán tendrían que ser conocidas por la Audiencia Nacional.

Pues bien, la posibilidad indicada tomó cuerpo y la referida nueva normativa fue impugnada ante la Audiencia Nacional, efectivamente, lo que no significa, sin embargo, que sea ese órgano jurisdiccional el que, finalmente, vaya a conocer del asunto.

Es el caso, ciertamente, que la Audiencia Nacional, contra el criterio de la Generalidad de Cataluña y contra el criterio de la Fiscalía, pero con el criterio a favor de la Abogacía del Estado, se declaró incompetente para conocer del recurso, declarando la competencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al que se dio traslado de los autos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de dicho Tribunal Superior de Justicia continuó con la tramitación del procedimiento, hasta que en una fase de éste se planteó la posibilidad de que ella no fuera competente para conocer del caso, sino que lo fuera la Audiencia Nacional. Tras abrir un plazo de alegaciones, con el informe favorable de la actora y de la Fiscalía y con el informe desfavorable de la Generalidad de Cataluña y de la Abogacía del Estado, se declaró incompetente para resolver el pleito y elevó al Tribunal Supremo una cuestión negativa de competencia.

El Tribunal Supremo ya ha recabado la opinión de las partes, con el siguiente resultado: parte actora, favorable a la estimación de la cuestión; Generalidad de Cataluña, desfavorable, Abogacía del Estado, desfavorable, Fiscalía del Tribunal Supremo, desfavorable. Llama mucho la atención esta última postura, pues, según lo dicho, tanto la Fiscalía de la Audiencia Nacional como la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han sostenido la competencia de la Audiencia nacional para conocer del recurso.

Quedamos a la espera de lo que resuelva el Tribunal Supremo.

José Ignacio Rubio de Urquía