La aplicación que los órganos jurisdiccionales y el TC están haciendo de la reforma de los tributos locales operada en 2002 continúa incrementando la presión fiscal sobre amplios e importantes sectores de la actividad económica; incremento ese que es, incuestionablemente, el que buscó deliberadamente el legislador de la época.

En esta ocasión, la intención descrita aparece claramente reflejada en el ATC 123/2009, por virtud del cual se constitucionaliza la facultad conferida a los Ayuntamientos, por los dos primeros párrafos del artículo 72.4 LHL, para diversificar el tipo de gravamen del IBI aplicable a los inmuebles urbanos, excluidos los de uso residencial, en atención al uso catastral asignado a aquéllos.

La medida normativa de referencia y la integración que de la misma ha realizado el TC afectan directamente a los sectores industrial, comercial y de servicios, siempre que las empresas ejerzan su actividad respectiva en inmuebles clasificados catastralmente como urbanos. No obstante, es muy posible que los efectos en cuestión se extiendan también a los BICES, actualmente inmersos en un océano de litigiosidad, con lo que el estrago del IBI en sectores clave de la actividad económica podría alcanzar proporciones devastadoras.

J.I.R.U.