Desde que las CCAA descubrieron la denominada “fiscalidad medioambiental”, casi todas ellas han llenado su respectivo espacio tributario con impuestos de ese presunto carácter, siendo Galicia una de las CCAA que más uso ha hecho de semejante poder tributario. En la mayoría de los casos, se trata de impuestos de carácter y finalidad exclusivamente fiscal que, vestidos de verde, sólo buscan recaudar con facilidad, sin coste político y a muy pocos contribuyentes, grandes sumas de dinero.

Ahora, por medio de la Ley 8/2009, la CAG ha creado y regulado un “canon eólico”, como tributo de carácter extrafiscal y finalidad medioambiental, que somete a gravamen los presuntos daños medioambientales que ocasiona la instalación de aerogeneradores en los parques eólicos; son sujetos pasivos del canon, en general, las personas y entidades que explotan los parques; la base imponible del canon está constituida por el número de aerogeneradores instalados en cada parque eólico; y la cuota se determina multiplicando el número de aerogeneradores del parque por la cantidad asignada a cada unidad en función de los aerogeneradores instalados en el parque. Así, por ejemplo, los parques con tres o menos aerogeneradores tributan a cuota cero, mientras que los parques que tengan más de quince aerogeneradores tributan a razón de 5.900 euros por cada uno de ellos.

A la hora de determinar la constitucionalidad de este nuevo tributo autonómico, no sólo habrá de considerarse la doctrina del TC establecida en materia de fiscalidad medioambiental autonómica, sino que habrá de ser tenida en cuenta también la nueva redacción dada por la Ley Orgánica 3/2009 al artículo 6.3 LOFCA; y ello en la medida en que dicha nueva redacción ha suprimido la prohibición a las CCAA de establecer tributos propios sobre materias imponibles gravadas por los tributos locales, caso, por ejemplo y en lo que aquí interesa, del IBI y del IAE.

J.I.R.U.