La gestión dual o bifronte de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles y sobre Actividades Económicas, impuesta tanto por la naturaleza y estructura de ambos tributos como por las circunstancias condicionantes concurrentes en la época de su creación por la Ley 39/1988, de Haciendas Locales (LHL), genera no pocas distorsiones en la aplicación de esos impuestos, dándose algunas de las más significativas de ellas en el ámbito de la revisión de los actos dictados en dicha aplicación.

Tales distorsiones traen causa, en concreto, de la distinta competencia para dictar actos de gestión catastral (IBI) y de gestión censal (IAE), por un lado, y de gestión tributaria, por otro, la primera radicada en la esfera de la Administración del Estado, la segunda en los Ayuntamientos, unido ello a la diversidad de regímenes de revisión de unos y otros actos.

En efecto, y en lo que aquí interesa, generalizando claro está, la revisión de los actos de gestión censal del IAE está sujeta a un determinado régimen, el propio de la revisión de actos de aplicación de los tributos del Estado, mientras que la revisión de los actos de gestión tributaria del impuesto está sujeta a otro régimen de revisión distinto, el propio de los actos de aplicación de los tributos locales.

Es el caso, por ejemplo, que los actos de liquidación del IAE se dictan sobre la base de actos de gestión censal previos, siendo el caso que la impugnación de estos sigue un procedimiento más lento que el de la impugnación de los actos de liquidación, de suerte que estas últimas impugnaciones se resuelven mucho antes que las de los actos de gestión censal en los que se basan los actos liquidatorios, resultando de ello una distorsión notoria.

Así, cuando la impugnación de un acto de liquidación del IAE no está fundamentada en vicios intrínsecos de la propia liquidación, sino en vicios del acto de gestión censal en que la misma se basa, el resultado del proceso impugnatorio será el de desestimación de la impugnación y la orden de ingreso de la deuda tributaria correspondiente, aún a pesar de que sobre la validez del acto de gestión censal no haya recaído todavía resolución judicial firme.

De esta forma, el sujeto pasivo del impuesto, además de verse obligado a emprender y mantener dos procesos impugnatorios distintos, uno frente al acto de gestión censal y otro frente al acto de gestión tributaria, lo que constituye una anomalía por sí mismo, ha de afrontar el pago de una deuda tributaria que bien pudiera tener como fundamento un acto administrativo viciado de nulidad, constituyendo ello una distorsión de grado máximo.

Hasta ahora, ante estas situaciones, Jueces y Tribunales vienen “ofreciendo como solución”, para el caso de que la resolución del proceso frente al acto de gestión censal sea finalmente favorable al contribuyente, que el Ayuntamiento devuelva a aquél lo ingresado más los intereses correspondientes; y vienen rechazando la posibilidad de suspensión de la impugnación del acto de liquidación del impuesto hasta la resolución firme de la impugnación del acto de gestión censal.

Muy recientemente, sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Granada, al conocer de la impugnación de liquidaciones del IAE basadas en actos de gestión censal también impugnados por el contribuyente, en Auto 221/2021, de 21 de abril de 2021 (recurso 721/2021), ha acordado la suspensión del procedimiento por prejudicialidad. Dice así el Auto:

“HECHOS:

(……)

SEGUNDO.- En el trámite de conclusiones se plantea la suspensión del dictado de sentencia hasta la resolución de la impugnación de los actos de gestión censal en los que se fundamenta la liquidación tributaria cuya anulación se solicita.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS:

PRIMERO.- Dispone el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil lo siguiente:

“Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de otro proceso pendiente ante el mismo o distinto tribunal civil, si no fuere posible la acumulación de autos, el tribunal, a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, podrá mediante auto decretar la suspensión del curso de las actuaciones, en el estado en que se hallen, hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial.

Contra el auto que deniegue la petición cabrá recurso de reposición, y contra el auto que acuerde la suspensión cabrá presentar recurso de apelación”

Por su parte, el art. 42.3 de la misma norma señala que, no obstante lo dispuesto en los apartados precedentes, cuando lo establezca la ley o lo pidan las partes de común acuerdo o una de ellas con el consentimiento de la otra, el Secretario judicial suspenderá el curso de las actuaciones, antes de que hubiera sido dictada sentencia, hasta que la cuestión prejudicial sea resuelta, en sus respectivos casos, por la Administración pública competente, por el Tribunal de Cuentas o por los Tribunales del orden jurisdiccional que corresponda. En este caso, el Tribunal civil quedará vinculado a la decisión de los órganos indicados acerca de la cuestión prejudicial.

Pues bien, teniendo en cuenta que no se han formulado alegaciones sobre este extremo, nos encontramos justamente ante el supuesto previsto en el art. 43 de la LEC, lo que hace que deba apreciarse la prejudicialidad solicitada.

(……)

PARTE DISPOSITIVA:

(……) ACUERDA:

ESTIMAR la solicitud de la parte demandante de suspensión del procedimiento por prejudicialidad.

(……)”

Es esta una solución mucho más razonable que la que se viene aplicando por Jueces y Tribunales, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente, que es siempre el eslabón más débil de la relación jurídico-tributaria, no es el responsable de la existencia de una gestión dual o bifronte del IAE, para el caso del IBI, ni es tampoco quien elige entablar dos acciones impugnatorias distintas, en cauces procedimentales diferentes, responsabilidad esa que es exclusiva del legislador.

Estamos ante un primer pronunciamiento en el sentido indicado, esperemos que cunda el ejemplo.

José Ignacio Rubio de Urquía