Junto con el canon eólico gallego referido en la NOTA DE ACTUALIDAD anterior (véase Refª 30: 1-1-10), este fin de año ha traído consigo otro tributo autonómico presuntamente medioambiental, concretamente el Impuesto cántabro sobre el depósito de residuos en vertederos creado por la Ley 6/2009. Y al igual que en el caso del aludido canon gallego, en el de este tributo cántabro se está ante un impuesto de carácter y finalidad exclusivamente fiscal que, vestido de verde, sólo busca recaudar con facilidad, sin coste político y a muy pocos contribuyentes, grandes sumas de dinero.

El tributo que se considera somete a gravamen los presuntos daños medioambientales que se ocasionan como consecuencia del depósito de residuos en vertederos públicos o privados, y su hecho imponible está constituido por la entrega de dichos residuos en los mencionados vertederos; son sujetos pasivos del impuesto, a título de contribuyentes, quienes entreguen los residuos, y lo son a título de sustitutos del contribuyente quienes exploten los vertederos; la base imponible está constituida por el peso de los residuos que se depositen en el vertedero; y la cuota tributaria se determina aplicando sobre la base imponible un tipo de gravamen de siete euros por cada tonelada de residuos depositados.

A la hora de determinar la constitucionalidad de este nuevo tributo autonómico, no sólo habrá de considerarse la doctrina del TC establecida en materia de fiscalidad medioambiental autonómica, sino que habrá de ser tenida en cuenta también la nueva redacción dada por la Ley Orgánica 3/2009 al artículo 6.3 LOFCA; y ello en la medida en que dicha nueva redacción ha suprimido la prohibición a las CCAA de establecer tributos propios sobre materias imponibles gravadas por los tributos locales, caso, por ejemplo y en lo que aquí interesa, del IAE.

J.I.R.U.