Vivimos tiempos en los que casi todo son anuncios de medidas tributarias, siempre para incrementar la carga fiscal de los ciudadanos, nunca para reducirla. En esta ocasión nos toca hablar del anunciado recargo sobre el IBI, no se sabe bien si del 150% de la cuota líquida del impuesto o de hasta el 150% de dicha cuota; de un recargo, en todo caso, por el que pasarían a tributar determinadas personas titulares de viviendas desocupadas, desconociéndose, de momento, el contenido del concepto “vivienda desocupada”.

Lo primero a reseñar es que hablamos de un recargo por vivienda desocupada sobre la cuota de un impuesto, no de una tasa por determinados servicios o actividades de inspección y control de tales viviendas, como la establecida por el Ayuntamiento de Barcelona y declarada ilegal tanto por el TSJ de Cataluña como por el Tribunal Supremo; ni hablamos de un Impuesto sobre Viviendas Vacías, como el establecido por la Comunidad Autónoma de Cataluña y validado por el Tribunal Constitucional; ni hablamos, tampoco, de un Canon de Vivienda Deshabitada, como el establecido por la Comunidad Autónoma de Extremadura o la del País Vasco, sobre el que no existen todavía pronunciamientos jurisdiccionales ni de constitucionalidad.

Partiendo de esa aclaración, hablamos de un recargo en el que advertimos dos dimensiones distintas, a saber: una dimensión puramente política, concretada en la voluntad del legislador de establecer el gravamen; y una dimensión jurídico-técnica, concretada en la regulación del recargo. Dado que en estos momentos se está asistiendo a una fase en la que predomina la primera de las dos dimensiones referidas, es a esta a la que nos vamos a ceñir aquí.

En realidad, llama mucho la atención que esté llamando tanto la atención el anuncio de un recargo sobre la cuota del IBI de las viviendas desocupadas de carácter finalista, ya que una figura tributaria de ese tipo está implantada en nuestro ordenamiento jurídico desde hace mucho tiempo, concretamente, desde diciembre de 2002, cuando, gobernando el Partido Popular, la Ley 51/2002 estableció un recargo de esa naturaleza, pudiéndose leer en su Exposición de Motivos lo siguiente: “Destaca, asimismo, la posibilidad de aplicar un recargo a los inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados para facilitar el acceso de todos los ciudadanos al disfrute de una vivienda digna y adecuada”. Ese gravamen quedó regulado en el último párrafo del artículo 73.4 LHL, con la siguiente redacción:

Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente, los Ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50 por 100 de la cuota líquida del impuesto. Dicho recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y al que resultará aplicable, en lo no previsto en este párrafo, las disposiciones reguladoras del mismo, se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente por los Ayuntamientos, una vez constatada la desocupación del inmueble, juntamente con el acto administrativo por el que ésta se declare.”

En territorio común, ese recargo fue establecido por algunos Ayuntamientos, siendo anulado en todos los casos por los respectivos Tribunales Superiores de Justicia (TTSSJJ Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia y Madrid, entre otros), con el mismo argumento, siempre, en el sentido de que la previsión de desarrollo reglamentario contenida en el precepto transcrito no se había hecho realidad todavía, competiendo tal actuación reglamentaria al Gobierno de la Nación, exclusivamente, no a los Ayuntamientos.

Posteriormente, la regulación transcrita fue sustituida por la que actualmente se contiene en los tres últimos párrafos del apartado 5 del artículo 72 LHL, a cuyo tenor:

 

Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto. Dentro de este límite, los ayuntamientos podrán determinar mediante ordenanza fiscal un único recargo o varios en función de la duración del período de desocupación del inmueble.

El recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo, se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente por los ayuntamientos, una vez constatada la desocupación del inmueble en tal fecha, juntamente con el acto administrativo por el que esta se declare.

A estos efectos tendrá la consideración de inmueble desocupado con carácter permanente aquel que permanezca desocupado de acuerdo con lo que se establezca en la correspondiente normativa sectorial de vivienda, autonómica o estatal, con rango de ley, y conforme a los requisitos, medios de prueba y procedimiento que establezca la ordenanza fiscal. En todo caso, la declaración municipal como inmueble desocupado con carácter permanente exigirá la previa audiencia del sujeto pasivo y la acreditación por el Ayuntamiento de los indicios de desocupación, a regular en dicha ordenanza, dentro de los cuales podrán figurar los relativos a los datos del padrón municipal, así como los consumos de servicios de suministro.”

El recargo a que venimos haciendo referencia también está establecido en los Territorios históricos de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, si bien con una regulación algo diferente, semejante en los tres casos a la siguiente:

Tratándose de bienes inmuebles de uso residencial que no constituyan la residencia del sujeto pasivo o de terceras personas por arrendamiento o cesión de su uso, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el cincuenta por ciento de la cuota líquida del Impuesto. Dicho recargo se exigirá a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y se devengará y liquidará anualmente, conjuntamente con la cuota de este impuesto.

Se presumirá que un inmueble de uso residencial constituye residencia de su o sus ocupantes cuando a fecha de devengo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles así conste en el padrón del municipio donde radique.

A efectos de la aplicación del presente recargo, se tendrán en cuenta los anexos a la vivienda siempre que formen una finca registral única junto con la misma.

No obstante lo anterior, los ayuntamientos podrán establecer en sus ordenanzas fiscales supuestos a los que no resulte de aplicación el recargo previsto en el presente apartado.”

Este recargo, que en el caso de Guipúzcoa es de hasta el 150%, ha sido validado por el TSJ del País Vasco, y ello por considerar que la Ordenanza fiscal impugnada se acomodaba perfectamente a la regulación contenida en la Norma Foral respectiva, de tenor idéntico a la regulación arriba transcrita. En definitiva, las Normas Forales de los tres territorios, a diferencia de la regulación original del recargo en la LHL, contienen todos los elementos necesarios para que los Ayuntamientos vascos puedan establecer el recargo dentro de los límites fijados en las mismas. Y es esta misma idea la que ha esgrimido el Tribunal Constitucional en su Auto 109/2017, de 19 de julio de 2017, en el que viene a validar las Normas Forales reguladoras del recargo, al inadmitir a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada respecto de la Norma Foral de Guipúzcoa, la que prevé, precisamente, un recargo del 150%.

Sin abandonar el ámbito de lo foral, dígase que Navarra también está abonada al gravamen de las viviendas desocupadas, deshabitadas en este caso, pues desde 2013 tiene establecido un “Impuesto sobre Viviendas Deshabitadas”, que configura como un tributo municipal de exacción obligatoria por los Ayuntamientos, respecto del cual no existe todavía pronunciamiento constitucional alguno.

Vemos, en fin, cómo llevamos cohabitando bastantes años con el gravamen de las viviendas desocupadas, en forma de recargo, de tasa, de canon o de impuesto; y vemos cómo a nada que el legislador de régimen común no actúe con demasiada torpeza, el recargo sobre el IBI que va a establecer, según lo anunciado, no va a encontrar dificultades en su tránsito por los Tribunales jurisdiccionales y el Tribunal Constitucional. Para poder hacer frente al gravamen que se nos viene encima, quienes se opongan a él van a tener que idear líneas impugnatorias distintas de las seguidas hasta ahora en los distintos casos contrastados.

José Ignacio Rubio de Urquía