Hasta la fecha, y en lo que a normativa de régimen común se refiere, el Tribunal Constitucional ha pronunciado tres declaraciones de inconstitucionalidad de preceptos reguladores de la plusvalía municipal: la primera, por efecto de la STC 59/2017; la segunda, por efecto de la STC 126/2019; y la tercera, por efecto de la STC 182/2021.

-El primero de los pronunciamientos reseñados supuso, una vez interpretado por el Tribunal Supremo, la inconstitucionalidad y nulidad parcial de los artículos 107.1 y 107.2.a) LHL, es decir, “únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”; y supuso, asimismo, la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del artículo 110.4 LHL.

-El segundo de los pronunciamientos reseñados supuso la inconstitucionalidad y nulidad parcial del artículo 107.4 LHL, es decir, únicamente cuando la cuota tributaria absorbe la totalidad o la mayor parte de la plusvalía realmente generada.

-Por último, el tercero de los pronunciamientos reseñados, el recientemente establecido, ha supuesto la inconstitucionalidad y nulidad total, es decir, sin condicionamientos, de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2 y 107.4 LHL.

La STC 59/2017 fijó, tácitamente, el alcance temporal de su declaración de inconstitucionalidad y nulidad en la fecha de publicación de la Sentencia en el BOE (FJ 5º.c); la STC 126/2019 lo hizo, igualmente, en la fecha de publicación de la Sentencia en el BOE (FJ 5.a), párrafo segundo); y la STC 182/2021, apartándose de todo canon, e “innovando”, ha formulado una extraña declaración, en su FJ 6º, del siguiente tenor:

“6. Alcance y efectos de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad. Sobre la presente declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL cabe realizar las siguientes precisiones:

  1. A) Por un lado, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL supone su expulsión del ordenamiento jurídico, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad. Debe ser ahora el legislador (y no este Tribunal) el que, en el ejercicio de su libertad de configuración normativa, lleve a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto para adecuarlo a las exigencias del art. 31.1 CE puestas de manifiesto en todos los pronunciamientos constitucionales sobre los preceptos legales ahora anulados, dado que a fecha de hoy han trascurrido más de cuatro años desde la publicación de la STC 59/2017 (“BOE” núm. 142, de 15 de junio). Como ya se recordó en la STC 126/2019, al tratarse de un impuesto local, corresponde al legislador estatal integrar el principio de reserva de ley en materia tributaria (arts. 31.3 y 133.1 y 2 CE) como medio de preservar tanto la unidad del ordenamiento como una básica igualdad de posición de los contribuyentes en todo el territorio nacional [STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 10 c)] y el principio de autonomía local (arts. 137 y 140 CE), garantizando con ello adicionalmente la suficiencia financiera de las entidades locales exigida por el art. 142 CE.
  2. B) Por otro lado, no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas (i) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha.”

Así, según esas formulaciones del alcance temporal de las respectivas declaraciones de inconstitucionalidad:

-Quienes a 15 de junio de 2017, fecha de publicación en el BOE de la STC 59/2017, estuviesen en plazo para impugnar una liquidación del IIVTNU en la que no se hubiese puesto de manifiesto un incremento real del valor del terreno afectado, y quienes a esa misma fecha estuviesen en plazo para solicitar la rectificación de una autoliquidación en la que concurriese la misma circunstancia, pudieron y/o pueden llevar a cabo la acción correspondiente, con fundamento en la declaración de inconstitucionalidad y nulidad establecida en la citada STC 59/2017.

-Quienes a 6 de diciembre de 2019, fecha de publicación en el BOE de la STC 126/2019, estuviesen en plazo para impugnar una liquidación del IIVTNU en la que la cuota tributaria resultante hubiese absorbido la totalidad o la mayor parte de la plusvalía realmente generada, y quienes a esa misma fecha estuviesen en plazo para solicitar la rectificación de una autoliquidación en la que concurriese la misma circunstancia, pudieron y/o pueden llevar a cabo la acción correspondiente, con fundamento en la declaración de inconstitucionalidad y nulidad establecida en la citada STC 126/2019.

Muchos más problemas ofrece, sin embargo, la formulación del alcance temporal de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad total pronunciada por la STC 182/2021, empezando por la sencilla circunstancia de que en dicha formulación (FJ 6º) no se contiene la más mínima referencia a la publicación de la resolución en el BOE. Es claro, no obstante, que debemos atenernos a lo preceptuado al respecto en el artículo 38.1. LOTC, a cuyo tenor: “Las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor de cosa juzgada, vincularán a todos los Poderes Públicos y producirán efectos generales desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»”.

Conforme al precepto transcrito, pues, la expulsión del ordenamiento jurídico de las normas declaradas inconstitucionales y nulas tendrá lugar a partir de la publicación de la Sentencia en el BOE, circunstancia esta que todavía no se ha producido. Sin embargo, por medio del Real Decreto-ley 26/2021, que ha entrado en vigor el 10 de noviembre de 2021, las referidas normas han sido objeto de nueva redacción, de suerte que han quedado derogadas tácitamente desde esa fecha. Entendemos, no obstante, que este pequeño lío, llamémosle así, carece de efectos jurídicos sustanciales.

Ahora bien, si se considera que las normas declaradas inconstitucionales y nulas han quedado expulsadas del ordenamiento jurídico desde la fecha de dictarse la Sentencia, el 26 de octubre de 2021, y que el Real Decreto-ley ha entrado en vigor el 10 de noviembre de 2021, sin cláusula de retroactividad a la primera de las fechas indicadas, entonces sí estamos ante una situación con efectos jurídicos sustanciales, ante una auténtica “vacatio legis” entre el 26 de octubre y el 10 de noviembre de 2021, lapso en el que a los devengos producidos dentro del mismo no les resulta de aplicación normativa alguna.

También son evidentes efectos jurídicos sustanciales en la segunda parte del régimen del alcance temporal de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad que se considera, especialmente en el caso de la segunda de las situaciones que contempla, siendo estas las dos siguientes:

-La declaración de referencia no alcanza a las situaciones que a la fecha de dictarse la Sentencia, 26 de octubre de 2021, se hayan resuelto en firme por resolución judicial o administrativa (FJ 6º.B), inciso inicial, STC 182/2021).

-La declaración en cuestión tampoco alcanza a las liquidaciones o autoliquidaciones del impuesto que a la fecha de dictarse la Sentencia, 26 de octubre de 2021, no hayan sido recurridas o solicitada su rectificación, aun disponiéndose todavía de plazo para ello (FJ 6º.B), inciso final, STC 182/2021).

El primer supuesto no debería plantear problema alguno, pues los procedimientos impugnatorios de liquidaciones o rectificatorios de autoliquidaciones que estén vivos a 26 de octubre de 2021, deberán resolverse conforme a lo pronunciado por el Tribunal Constitucional en la STC 182/2021, aunque esta no se haya publicado todavía en el BOE. Sí plantea problemas, y muchos, el segundo supuesto, el de los casos en los que, disponiéndose todavía de plazo a 26 de octubre de 2021, el recurso o la solicitud no se haya formulado aún.

En efecto, según el inciso final de la letra B) del FJ 6º de la STC 182/2021, quienes pudiendo acogerse a la declaración de inconstitucionalidad y nulidad, no tendrán derecho a ello si, aún disponiendo de plazo, a 26 de octubre de 2021 no han formulado todavía el correspondiente recurso o solicitud de rectificación. Ante semejante pronunciamiento, caben las siguientes posturas:

-Entender que el pronunciamiento que se examina no impide al interesado formular su recurso o solicitud de rectificación, pero impide que en la resolución del procedimiento se aplique la declaración de inconstitucionalidad y nulidad.

-Entender que el pronunciamiento en cuestión impide, de facto, la formulación del recurso o de la solicitud.

En cualquiera de los dos escenarios, lo único cierto es que al interesado, con derecho a recurrir la liquidación y/o solicitar la rectificación de la autoliquidación, por así resultar de la legislación aplicable (LHL y LGT), se le pretende impedir que fundamente su pretensión en la aplicación a su caso de una norma que ha sido declarada inconstitucional y nula por el propio Tribunal Constitucional. Pues bien, y con independencia de cuantas justificaciones se están ofreciendo, o se puedan ofrecer, en apoyo de tan ajurídico pronunciamiento, entendemos:

-Que, los interesados que se encuentren en la situación indicada pueden, desde luego, interponer el recurso o formular la solicitud a que tienen derecho.

-Que, son los Jueces y Tribunales, el Tribunal Supremo en última instancia, quienes habrán, finalmente, de declinarse por hacer seguidismo de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, contrario al principio de tutela judicial efectiva, o por hacer seguidismo del principio de legalidad.

Y no se olvide, en fin, la posible acción de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, bien a formular directamente, entendiendo que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional agota todas las vías de recurso, bien tras la obtención de una resolución firme, denegatoria de la aplicación al caso de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad.

José Ignacio Rubio de Urquía