Las declaraciones de inconstitucionalidad y nulidad de determinadas normas reguladoras del IIVTNU, consideradas en la NOTA DE ACTUALIDAD 323, pronunciadas por las STC 59/2017, 126/2019 y 182/2021, han tenido por objeto, entre otros, el ámbito de la gestión del tributo (STC 59/2017), concretamente, la materia regulada en el artículo 110.4 LHL, a cuyo tenor:

“(……)

4. Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de aquélla dentro de los plazos previstos en el apartado 2 de este artículo. Respecto de dichas autoliquidaciones, el ayuntamiento correspondiente sólo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas.

(……)”

El problema que planteaba el precepto transcrito es que negaba al interesado la posibilidad de acreditar la inexistencia de incremento de valor del terreno transmitido, motivo por el cual la STC 59/2017 vino a declarar su inconstitucionalidad.

En orden a la adaptación de la regulación del impuesto a la mencionada declaración de inconstitucionalidad, el Real Decreto-ley 26/2021 ha dado nueva redacción al apartado 4 del artículo 110 LHL y ha añadido a este un nuevo apartado 8, todo ello en los términos siguientes:

Artículo 110. Gestión tributaria del impuesto

(……)

4. Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de aquella dentro de los plazos previstos en el apartado 2 de este artículo. Respecto de dichas autoliquidaciones, sin perjuicio de las facultades de comprobación de los valores declarados por el interesado o el sujeto pasivo a los efectos de lo dispuesto en los artículos 104.5 y 107.5, respectivamente, el ayuntamiento correspondiente solo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas.

(……)

8. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, las Administraciones tributarias de las comunidades autónomas y de las entidades locales colaborarán para la aplicación del impuesto y, en particular, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 104.5 y 107.5, pudiendo suscribirse para ello los correspondientes convenios de intercambio de información tributaria y de colaboración.”

Mediante la primera de las modificaciones, se elimina la tacha de inconstitucionalidad que viciaba la redacción del precepto declarada nula. Mediante la segunda, se prevé, sin más, que los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas colaboren en orden a la verificación de la no sujeción al impuesto regulada en el nuevo artículo 104.5 LHL y en orden a la aplicación del régimen de estimación directa de la base imponible previsto en el nuevo artículo 107.5 LHL.

Son dos preceptos completamente inocuos que no deben plantear problema alguno.

José Ignacio Rubio de Urquía