Hace años que se está a la espera de dos grandes reformas que han de aportar importantes novedades al panorama tributario patrio, una en el ámbito de la fiscalidad estatal y otra en el ámbito de la fiscalidad autonómica, teniendo su núcleo central, la segunda de ellas, en el régimen de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas. No se esperan, sin embargo, grandes novedades en el ámbito de los tributos locales, pues parece ser que la LHL, proveniente de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, viene bien a muchos, aunque sería más correcto decir que viene mal a muchos tener que meterse a fondo en el lío de montar un nuevo sistema tributario local, por muy conveniente y necesario que ello sea.

Entretanto, y salvo situaciones traumáticas ocasionales más o menos urgentes, como, por ejemplo, la recientemente generada por la STC 182/2021, referida a la plusvalía municipal, las únicas novedades fiscales que van apareciendo, aunque se trata de curiosidades más bien, son las que se publican cada fin de año en los periódicos oficiales de las Comunidades Autónomas y en los boletines oficiales de las Provincias.

Cara a 2022, es muy poco lo que nos han ofrecido los mencionados periódicos y boletines, verdaderamente poco, tan solo media novedad en el panorama de la fiscalidad autonómica propia, concretada en el anuncio de un “Impuesto sobre los alimentos ultraprocesados”, y una aparente novedad en el ámbito de los tributos locales, concretada en un nuevo intento de regular correctamente la tasa que grava el uso que del dominio público municipal hacen las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, gas e hidrocarburos.

En cuanto a la media novedad autonómica, dice así la disposición adicional duodécima de la Ley catalana 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público (Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña 8575, de 31 de diciembre de 2021):

“El Gobierno debe aprobar durante 2022 la memoria preliminar del anteproyecto de ley del impuesto sobre los alimentos ultraprocesados, una vez se hayan analizado las experiencias internacionales y el éxito de dicho impuesto tanto desde el punto de vista fiscal como de efectividad sobre la salud. Dicho impuesto debe ser finalista y los ingresos que se obtengan de él deben nutrir un fondo destinado a financiar explotaciones sostenibles del sector primario”.

¿Otro impuesto propio a la vista¿ No es fácil entender el caso catalán, la Comunidad Autónoma con más tributos propios y con mayor uso al alza de las competencias normativas que ofrece el régimen de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas. Da la impresión de que alguien tiene montado por ahí un negocio de fabricación y venta de figuras tributarias seudo modernas e ineficaces, cuyo más reciente producto parece ser un gravamen de los alimentos ultraprocesados.

Por lo que se refiere a la otra novedad, si es que de novedad cabe hablar, recordamos que el Tribunal Supremo ha validado una tasa por el uso que del dominio público municipal hacen las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, gas e hidrocarburos, cuya base imponible se fija calculando el valor de dichas instalaciones determinado con arreglo al procedimiento de valoración catastral, y cuyo tipo de gravamen podría consistir, quizá, en un porcentaje de ese valor. Ahora bien, el Alto Tribunal ha matizado que el porcentaje, fijado hasta ahora en el 5%, no puede ser el mismo para supuestos de aprovechamiento especial y para supuestos de utilización privativa del dominio público, debiendo diferenciarse en función de la intensidad del uso.

Dado que la doctrina del Tribunal Supremo en relación con el tipo de gravamen de la tasa, iniciada en diciembre de 2020, ha supuesto la anulación de todas aquellas Ordenanzas fiscales que contemplaban un único tipo del 5%, cientos de ellas, algunos Ayuntamientos han procedido a la aprobación de nuevas Ordenanzas presuntamente acomodadas a la doctrina jurisprudencial en cuestión, las cuales han empezado a ser publicadas en los boletines provinciales de finales de 2021. De lo visto hasta ahora, son dos los modelos, llamémoslos así, que están siguiendo tales nuevas regulaciones de la tasa, a saber:

-En uno de  esos modelos, caso, por ejemplo, de la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros (Burgos), a los supuestos de aprovechamiento especial se les aplica un tipo del 2,5% y a los de utilización privativa un tipo del 5%, pero esta simplificación de la solución hace agua por todas partes y no debería prosperar. Añadimos a ello que este modelo, a fin de no perder expectativas de recaudación, sustituye el coeficiente de referencia al mercado propio de la valoración catastral, el 0,5, por el coeficiente propio del nuevo valor de referencia, el 0,9, lo que tampoco debería prosperar.

-En el otro modelo, caso, por ejemplo, de la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Panticosa (Huesca), al igual que en el modelo anterior, a los supuestos de aprovechamiento especial se les aplica un tipo del 2,5% y a los de utilización privativa un tipo del 5%, de donde esta solución merece el comentario ya expuesto respecto de este mismo punto de dicho modelo anterior.

En fin, cuando las “personas expertas”, que no expertos, será que los expertos no son personas, entreguen su informe al Ministerio de Hacienda, quizá en febrero, empezaremos a ver cómo se va perfilando la reforma del sistema general, y de ahí la del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, para que todo ello entre en vigor este mismo año, con efectos en el propio 2022, algunos aspectos, y en 2023 los restantes.

José Ignacio Rubio de Urquía