La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, mediante la oportuna modificación de la LBRL, creó y reguló el régimen de los llamados “Municipios de Gran Población”, disponiendo, en el artículo 137 de dicha LBRL, que en tales Municipios existirá un órgano de revisión de los actos dictados por el respectivo Ayuntamiento en materia de aplicación de los tributos municipales.

Por su parte, la disposición transitoria de la citada Ley 57/2003 dispuso que los Municipios a los que resultase de aplicación el referido régimen dispondrían de un plazo de seis meses para la creación del órgano económico-administrativo y para aprobar las normas reguladoras del mismo; y dispuso, asimismo, que entretanto, se aplicaría la normativa hasta entonces vigente.

El régimen general de revisión de actos dictados por los Ayuntamientos en aplicación de los tributos locales se concreta en el recurso de reposición obligatorio regulado en el artículo 14 LHL, contra cuya desestimación tácita o expresa solo cabe recurso contencioso-administrativo. Sin embargo, en el régimen propio de los Municipios de Gran Población, el referido recurso de reposición deviene en potestativo, siendo obligatoria la reclamación económico-administrativa ante el órgano correspondiente del Municipio, cuya resolución tácita o expresa pone fin a la vía administrativa, dando paso al recurso contencioso.

Aunque parezca mentira, algunos Municipios de Gran Población no han creado ni regulado todavía el régimen de revisión económico-administrativa que están obligados a tener establecido según el precitado artículo 137 LBRL, y es en estos Municipios, precisamente, donde surgen los conflictos a que va a tener que hacer frente el Tribunal Supremo conforme a su Auto de 12 de enero de 2022. En efecto, algunos contribuyentes entienden que la inexistencia en el Municipio de órgano económico-administrativo no altera el carácter potestativo del recurso de reposición, de suerte que contra los actos de aplicación de los tributos dictados por el Ayuntamiento cabe la interposición directa de recurso contencioso-administrativo, alegando la nulidad de dichos actos por privarles, el Ayuntamiento, de su derecho a la resolución de su reclamación por el órgano económico-administrativo que debió haber creado.

Mediante Auto de 12 de enero de 2022, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación 2928/2021, al apreciar que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia respecto de la siguiente cuestión: “Aclarar si, la falta de creación en los municipios de gran población del órgano especializado para resolver las reclamaciones económico- administrativas previsto en el artículo 137 LBRL, determina la nulidad de los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos e ingresos de derecho público, que sean de competencia municipal, al privar el Ayuntamiento al contribuyente del derecho a la resolución de su reclamación económico-administrativas por un órgano especializado antes de acudir a la vía judicial”.

Si nos atenemos a los escasos pronunciamientos en la materia que, de forma tangencial, se advierten en algunas resoluciones judiciales, lo más probable es que la Sentencia que, finalmente, recaiga en el recurso en cuestión rechace el planteamiento de los contribuyentes partidarios de la nulidad de los actos no revisados en vía económico-administrativa.

José Ignacio Rubio de Urquía