La tan traída y llevada crisis económica está haciendo auténticos estragos en la recaudación tributaria y no tributaria estatal, autonómica y local, circunstancia que explica la explotación intensiva de recursos ya existentes y la creación de nuevas fuentes de ingresos en los tres niveles de gobierno, así como algunas prácticas de las respectivas Administraciones tributarias difícilmente justificables, por decir algo. Y es, quizá, en este último ámbito donde más palmariamente se está poniendo de manifiesto la situación referida.

Por expresarlo de alguna forma poco agresiva, desde hace algo más de un año se viene observando un “estrechamiento de las miras” de la Administración tributaria a la hora de controlar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los ciudadanos, así como a la hora de atender las solicitudes de aquéllos inherentes a excesos por su parte en el cumplimiento de las aludidas obligaciones tributarias. Y ello sucede, entre otros casos, en las solicitudes de devolución de ingresos por beneficios fiscales no disfrutados en su momento.

Tómese, a título de mero ejemplo, el supuesto de la bonificación potestativa de hasta el 50% de la cuota del IBI que los Ayuntamientos pueden establecer a favor de los bienes inmuebles en los que se instalen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. Pues bien, y a diferencia de lo que sucede en el caso de muchos otros beneficios fiscales, incluso en el ámbito del propio IBI, en cuya regulación sí se especifica que los mismos son de carácter rogado, en el supuesto ejemplificador de referencia el artículo 74.5 LHL nada dice respecto del carácter rogado o no de la bonificación en cuestión.

Cuando en la Ordenanza fiscal reguladora de la bonificación tampoco se especifica el carácter rogado del beneficio, el asunto es bien claro: el contribuyente que cumpla con todos los requisitos exigibles puede, en caso de no haber solicitado la aplicación de la bonificación al tiempo de realizar la instalación del sistema de aprovechamiento de la energía, solicitar la devolución de lo indebidamente ingresado, eso sí, respetando los plazos de prescripción.

A pesar de ello, en muchos Ayuntamientos las solicitudes de los contribuyentes se están contemplando como si de solicitudes de aplicación de bonificaciones de carácter rogado se tratara; y en congruencia con tal planteamiento sólo se están concediendo los beneficios a partir de la fecha de la solicitud. Dígase, en fin, que este tipo de conductas no hace sino coadyuvar a elevar los ya de por sí altos niveles de litigiosidad.

J.I.R.U.