Casi todos los días surge una situación que pone de manifiesto las mil y una formas, insospechables e insospechadas, en las que la singular crisis económica que golpea por todas partes está incidiendo, directa e indirectamente, en el panorama fiscal. Resulta, además, que la mayoría de esas situaciones tienen algo de diabólico, pues tal incidencia suele ser negativa, y suele serlo para ambas partes, contribuyente y Administración, lo que dificulta enormemente la solución del problema, si es que no la imposibilita.

Tal es el caso, por ejemplo, de las tasas periódicas correspondientes a concesiones administrativas, sean sobre bienes de dominio público o sobre servicios públicos, en los supuestos en los que las referidas concesiones se han obtenido por el procedimiento de licitación pública. Piénsese, en efecto, que en muchos de esos casos los pliegos de condiciones aprobados por los entes concedentes y las ofertas realizadas por los adjudicatarios, por los concesionarios, tuvieron lugar en un tiempo de bonanza económica, actualmente inexistente, y que, sin embargo, las cuantías de las tasas a satisfacer permanecen inalteradas.

Es evidente, en fin, que en aquellos supuestos en los que los pliegos de condiciones y los contratos concesionales no contemplen fórmulas, más o menos explícitas, de adecuación automática de la cuantía de la tasa a la evolución de la utilidad económica de la concesión, es lo más normal que en estos tiempos de aguda crisis, probablemente más estructural que coyuntural, dicha utilidad económica se esté reduciendo significativamente, cuando no perdiendo.

La cuestión radica, en fin, en restaurar el equilibrio financiero de la concesión, lo que sólo se puede conseguir, en la mayoría de los casos, revisando la cuantía de la tasa. Así las cosas, ¿qué ente público va a reducir la recaudación proveniente de sus recursos tributarios en un momento de déficit galopante? ¿Es posible poner un cascabel a este gato?

J.I.R.U.