Desde la promulgación de la CE, hace ya treinta y dos años, la adscripción forzosa a las Cámaras de Comercio, y consiguientemente la sujeción al denominado “Recargo Cameral Permanente”, viene siendo una fuente inagotable de litigiosidad a todos los niveles, incluido el constitucional, en el que se ha generado abundante doctrina al respecto. Y parece que todavía hay litigiosidad para rato, pues algunas Cámaras, por no decir que casi todas, siguen sin ajustar su actuación en la materia de referencia a la más reciente y consolidada doctrina del TC.

En efecto, y con independencia de cualquier otra circunstancia, es lo cierto que desde la STC 225/2006 debería haberse asumido que las sociedades que desarrollan actividades profesionales no son de adscripción obligatoria a las Cámaras de Comercio, de suerte que éstas no les pueden exigir el pago del aludido “Recargo Cameral Permanente”. Y ello es así aunque las referidas sociedades estén dadas de alta en la Sección 1ª de las Tarifas del IAE, pues esta circunstancia, cuya finalidad es de mera ordenación tributaria, en nada altera la naturaleza de la actividad ejercida por la sociedad de que se trate.

Recordar lo anterior en estas fechas no viene mal, ya que son fechas en las que muchas Cámaras están recordando que próximamente se pasarán al cobro los recibos de la exacción cameral correspondientes al presente ejercicio.

J.I.R.U.